La presentación del anteproyecto se efectuó desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Miembros del CCEPL y diputados del Partido Liberal destacaron que uno de los objetivos principales del proyecto es alcanzar un pacto fiscal en el que participen todos los sectores obreros, empresarios y partidos políticos, con el fin de lograr un acuerdo que garantice el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo.

El anteproyecto será presentado a la Cámara legislativa por la bancada del Partido Liberal, buscando que la comisión de dictamine lleve a cabo su consolidación conjunta con la Ley de Justicia Tributaria, que promueve el Poder Ejecutivo y que momentáneamente solo respalda la bancada oficialista de Libertad y Refundación (Libre).

El Partido Liberal expresa, por su lado, que no está completamente en contra de la Ley de Justicia Tributaria, pero sí que busca combinar su propuesta con esta ley.

¿Qué contempla la Ley de Equidad Tributaria?

Son 20 los puntos clave del anteproyecto de la Ley de Equidad Tributaria.

En primer lugar, se prevé mantener el Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde) como una forma de promover la inversión nacional.

Asimismo, se propone la creación del Rinde Megaproyectos para incentivar inversiones extranjeras a gran escala, asegurando la compensación fiscal adecuada.

La propuesta también contempla una reducción progresiva de los incentivos fiscales para controlar y ordenar las finanzas públicas.

Para acogerse al Rinde Megaproyectos y Zonas Francas, se establecerá una inversión mínima como requisito de elegibilidad.

Además, se delimitarán las exoneraciones para las Zonas Francas y se establecerá un proceso de liquidación para ellas.

Se reducirá el plazo de goce de beneficios en Zonas Francas y se establecerán medidas de transición para promover nuevos beneficios y preservar empleos.

Se creará un capítulo exclusivo de medidas de control y fiscalización con el fin de reducir la discrecionalidad y los abusos en los beneficios fiscales.

Para evitar abusos en el uso de dobles beneficios, se introducirá un Índice de Elegibilidad Estratégica (IEE) para determinar la incorporación y cumplimiento en el tiempo de duración del beneficio.

Se otorgarán facultades específicas a las instituciones autorizantes y reguladoras como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Administración Aduanera y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

También se implementarán sanciones por incumplimiento en diferentes niveles, categorizados como graves y leves, para prevenir abusos.

Además, la propuesta buscará la derogación de los incentivos fiscales excesivos para evitar prácticas desmedidas.

Se incluirá una definición de "no simultaneidad de regímenes fiscales especiales" para verificar y controlar el uso adecuado de los beneficios fiscales.

De igual modo, se introducirá la digitalización y simplificación administrativa como medidas de monitoreo y control fiscal.

Se creará un registro central de beneficiario final y se incorporará una definición de beneficiario final para temas tributarios.

Asimismo, se establecerá un proceso de secreto bancario que garantice la seguridad, confidencialidad y respeto a los derechos de los obligados tributarios y cuentahabientes.

Y, por último, se incluirán medidas para brindar certidumbre a la inversión nacional y extranjera, manteniendo los beneficios adquiridos y modificando el incentivo al sector agroindustria para mejorar el control fiscal.

Gobierno responde al anteproyecto del Partido Liberal

El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y uno de los impulsores de la Ley de Justicia Tributaria, Marlon Ochoa, acusó al Partido Liberal de boicotear la iniciativa del Gobierno.

"Partido Liberal boicotea Ley de Justicia Tributaria y propone que los privilegios de las élites se mantengan y se amplíen para el beneficio de evasores, exonerados y ciertos banqueros", expresó el funcionario.

Por su lado, el vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la comisión de dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, Hugo Noé Pino, señaló que los dos diputados liberales que integran la comisión pudieron presentar las observaciones adicionales

"El Partido Liberal tiene dos representantes en la Comisión Multipartidaria de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, donde pudieron hacer llegar sus observaciones adicionales. No es necesario un proyecto alternativo", manifestó.

"Una reacción exagerada"

En tanto, el economista y analista Roberto Lagos catalogó la respuesta de Hugo Noé Pino como "exagerada".

"Exagerada su reacción, doctor Hugo Noé Pino. En primer lugar, el Partido Liberal está en todo su derecho a presentar una propuesta -esta es una democracia-. ¿Por qué no leer la propuesta del Partido Liberal y ver qué elementos se pueden tomar?", manifestó Lagos.

Expresó además que en la Ley de Justicia Tributaria que se presentó al Congreso Nacional, "jamás se realizó un análisis del potencial impacto de la reforma (...) Muchos economistas serios siguen esperando ese análisis y discusión".

De igual forma, aseguró que espera que el Partido Liberal tenga un análisis del impacto de la reforma que proponen.

Un salvavidas para el gobierno

Por su lado, el exsecretario de Desarrollo Económico y quien se opuso a la Ley de Justicia Tributaria, Pedro Barquero, manifestó que la propuesta del Partido Liberal es un "salvavidas" para el Gobierno.

"Los hermanos del Partido Liberal le están tirando un salvavidas al Gobierno para que no termine de ahogar la economía, ojalá tengan la sabiduría de aceptarlo por el bien del pueblo hondureño. Eliminemos los abusos, no los empleos", indicó.

Polémica Ley de Justicia Tributaria

La Ley de Justicia Tributaria busca eliminar 16 regímenes fiscales, lo que ha generado rechazo entre algunos miembros de la clase empresarial.

Los empresarios argumentan que esta medida desincentivará la inversión extranjera y conllevará la pérdida de empleos.

El Gobierno defiende la normativa al afirmar que su objetivo es aumentar la recaudación tributaria y reducir los abusos en el sistema.

Para que la Ley de Justicia Tributaria, o su eventual conjugación con la Ley de Equidad Tributaria, se convierta en decreto, se requieren 65 votos en el Congreso Nacional.

De momento, el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria fue socializado por una comisión de dictamen y falta que se remita a la Cámara para su discusión.

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