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Endurecer las penas no está frenando la violencia en Honduras, y esa es la advertencia que atraviesa el análisis de expertos en seguridad que, desde distintos enfoques, coinciden en un punto incómodo: el problema no es cuánto se castiga, sino cómo se investiga, cómo se previene y qué tan capaz es el Estado de anticiparse al crimen.
Mientras el país reporta un repunte de homicidios, femicidios, extorsión y hasta secuestros, el discurso oficial apunta a una reorientación de la estrategia de seguridad.
Pero, para los analistas consultados por tunota.com esa transformación aún no logra traducirse en resultados tangibles ni en una reducción sostenida de la violencia.
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Analista: "Los resultados en Seguridad se verán más adelante"
Desde una visión más moderada, el analista y abogado Gonzalo Sánchez considera que la Policía Nacional está avanzando, aunque reconoce que ese progreso todavía no se refleja en cifras.
“No hemos visto de momento los resultados, pero más adelante vamos a ver excelentes resultados. Recuerde que no hubo una transición en la policía, o sea que no se entregó, no hubo transición de una administración a otra”, explica.
Sánchez insiste en que existen condiciones que limitan la operatividad de la institución.
Entre ellas la ausencia del estado de excepción, los retrasos en la asignación presupuestaria y la falta de respaldo legislativo para fortalecer las acciones policiales.
“De momento están trabajando en una estrategia y luego falta que el Congreso Nacional se pronuncie con unas nuevas leyes para fortalecer las operaciones policiales”, añade.
Su postura plantea que la estrategia está en construcción, aunque ese proceso ocurre en un contexto donde la violencia no da tregua.
Reformas que no atacan el problema
Para el analista en seguridad Kenneth Madrid, el problema no es solo de tiempo, sino de enfoque.
A su juicio, algunas de las propuestas impulsadas desde el Ejecutivo parten de diagnósticos equivocados o de interpretaciones imprecisas del marco legal.
“Decía que iban a poner el delito de extorsión de orden público ahora, pero el delito de extorsión ya es de orden público. No necesita, ni siquiera denuncia. Es todo de oficio, entonces, cuando usted escucha a las autoridades hablar de esto, me parece a mí que andan mal asesorados”, expone.
Madrid reconoce que llevar la extorsión a la categoría de terrorismo podría ser válido, pero advierte que ese tipo de ajustes no inciden de forma determinante si no se acompañan de cambios estructurales más profundos.
“Solo incremento de penas no hace nada. Debe ir a la par de otras medidas importantes", dice Madrid.
El analista señala como ejemplos: crear tipos penales que sean de peligro. "Con solo tener la mínima evidencia de que usted está desarrollando un delito de extorsión o la intencionalidad, con eso bastaría para poder configurar ya el delito como tal”, señala.
Su planteamiento apunta a un sistema que no espere a que el delito se consuma para actuar, sino que tenga la capacidad de intervenir antes de que las estructuras criminales ejecuten sus operaciones.
Investigar poco, condenar menos
Más allá de las reformas legales, Madrid identifica una debilidad que, en su criterio, explica gran parte del problema: la falta de investigación criminal sólida.
“La mayor cantidad de condenas que tienen en extorsión son relacionadas a agentes encubiertos que ellos colocan… Eso lo que indica es que no tienen investigación”, lamenta.
El modelo actual, advierte, depende en exceso de capturas en flagrancia o de operaciones puntuales, pero carece de procesos investigativos capaces de sostener casos complejos ante los tribunales.
“Por eso la gente opta por no denunciar, porque el delito tal como está configurado en este momento exige tener a la víctima ahí. Entonces, tienen que cambiar todo eso”, agrega.
Esa debilidad se traduce en una ecuación conocida: más detenidos, pero no necesariamente más condenas, lo que termina alimentando la percepción de impunidad.
Más agentes, pero sin estructura
Desde otra lectura crítica, el analista German Licona cuestiona la capacidad operativa del Estado para enfrentar la criminalidad, al señalar que la estrategia carece de señales claras de fortalecimiento institucional.
“No sé si no tienen buenos asesores, pero si analizamos… si hubiera una estrategia, ya estuviera escuchando que tienen en la academia de policía para formación de agentes por lo menos a 2.000 a 5.000 agentes”, explica.
Licona advierte que el país mantiene una fuerza policial de entre 22,000 y 23,000 agentes, cuando la necesidad real ronda los 34,000.
Al igual que Madrid, insiste en que la investigación criminal es el punto más débil del sistema.
“Se necesita invertir en investigación criminal… ese es el talón de Aquiles, porque la campeona ahora es la impunidad”, afirma.
A eso se suma otro factor crítico: el control de armas. “El 75 por ciento de las muertes violentas donde se utilizan armas de fuego están en impunidad… y en las muertes violentas de mujeres, el 65 por ciento también”, lamenta.
Una estrategia robusta… en teoría
El 15 de octubre de 2025, el entonces ministro Gustavo Sánchez Velásquez presentó la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2026–2030.
Era una estrategia diseñada con asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Se basó en estándares internacionales y en cuatro pilares claros: prevención, persecución del delito, protección de víctimas y cooperación.
Además, incorporó enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad, alineados con la Agenda 2030.
30 municipios bajo la lupa… y bajo presión
La nueva administración decidió concentrar esfuerzos en 30 municipios prioritarios, donde la extorsión y la criminalidad golpean con más fuerza.
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, planteó un modelo basado en inteligencia criminal, optimización de recursos y prevención.
El giro es claro: menos reacción, más anticipación. Sin embargo, el ciudadano común no mide estrategias, mide resultados.
Y hasta ahora, lo que ve son patrullas, retenes y presencia policial, pero no una reducción sostenida del miedo.
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