El documento enfatiza un esbozo de la lucha contra la corrupción en la región, tomando como base la experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
De ambas experiencias, el texto extrae lecciones aprendidas que deben tenerse en cuenta en el marco de la demanda ciudadana para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
Además, destaca los avances y, en especial, los obstáculos que persisten dentro del Poder Legislativo y Ejecutivo para avanzar en el establecimiento de la Misión Internacional.
También aborda las condiciones necesarias para la instalación de la Cicih, tomando como antecedente las condiciones jurídico-políticas previas a la instalación de la Maccih en 2016, la respuesta de la élite gobernante al trabajo de esa Misión y las condiciones actuales en el país.
Tres condiciones clave
Cespad identificó y analizó tres condiciones importantes que deben concretarse para que la instalación de la Cicih sea una realidad: el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento, la derogación de la normativa conocida como 'pactos de impunidad' y la voluntad política tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
No obstante, para el centro de pensamiento, un aspecto de trascendencia es el rol de la sociedad civil en la eventual Cicih.
'Por eso es importante que el convenio final contemple un mecanismo de participación activa de la sociedad civil, partiendo de la premisa de que su instalación es el resultado de las exigencias ciudadanas y de la indignación colectiva', señalaron.
No menos importante, el Cespad instó a que en el país entre en vigencia una Cicih con enfoque de derechos humanos y que se realice una correcta definición de su salida del país, garantizando la protección para los operadores de justicia.
Querellante adhesivo es clave
Cespad enfatiza que es vital que la Cicih tenga la facultad de querellante adhesivo o acusador privado para participar activamente en los procesos penales.
Asimismo, es importante destacar que esta figura ya está contemplada en la normativa nacional, por lo que no es necesaria una reforma constitucional.
La Cicih, en su lucha contra la corrupción, debe mantener un enfoque de derechos humanos que reconozca a las víctimas directas y asegure los principios básicos de justicia, reparación y no repetición.
Además, se deben aplicar medidas de restitución que beneficien a las comunidades y sectores afectados por los delitos relacionados con la corrupción.
Es crucial avanzar en la delimitación de un plan de salida para la CICIH, que incorpore las condiciones básicas de un sistema de justicia independiente y garantice la protección del personal nacional, así como la ciudadanía involucrada en la lucha contra la corrupción, concluye Cespad.
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