El ente colegiado se reúne desde esta mañana para proponer a los cinco abogados que resultaron mejores evaluados en las audiencias públicas que culminaron la semana anterior.
No obstante, existen dos recursos de amparo presentados por el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, y el abogado Mario Urquía, quienes fueron descartados por la Junta Proponente, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resuelve.
Entre los 13 abogados que pasaron todo el proceso de la Junta Proponente y que aspiran a dirigir la Fiscalía General del Estado de Honduras en el período 2023-2028 hay dos mujeres.
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Le damos a conocer el perfil de cada uno de los participantes:
Marcio Cabañas Cadillo

Es originario de Tegucigalpa, tiene 47 años y labora en Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos, desde el 2018.
Cabañas se graduó como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2022. Además se especializó en derecho penal y procesal penal en 2016, siempre en el alma máter, y tiene una maestría en políticas públicas y gestión de seguridad en 2013 de la Universidad Nacional de la Policía.
El abogado laboró como procurador en el Bufete Velázquez de 1998 al 2000, analista de investigación III en la Secretaría de Seguridad en el 2000, fiscal auxiliar en el Ministerio Público en Choluteca del 2001-2002, con rotaciones en la sede de la Fiscalía en Tegucigalpa.
Johel Antonio Zelaya

Es originario de Reitoca, Francisco Morazán, donde además ocupa un cargo como regidor de la alcaldía de ese municipio. Tiene 43 años, es abogado y notario.
Se graduó de licenciado en ciencias jurídicas en la UNAH, en 2004, y en 2009 obtuvo el título como abogado, y como notario en 2014 en la Corte Suprema de Justicia.
Zelaya inició su carrera laboral como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente del 2005 al 2006, seguidamente fue asesor legal en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta el 2015.
Actualmente se desempeña como asesor legal desde 2014 en la ONG "Acción Honduras", asesor legal en Grupo Flores desde el 2015, socio mayoritario desde el 2015 en el Despacho Legal Zelaya y Asociados, y desde 2022 es consultor externo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
Kevin Alessandro Solórzano

Es de Tegucigalpa, tiene 40 años y obtuvo la licenciatura de ciencias jurídicas en 2007, y en 2015 el título de abogado, en la UNAH.
Solórzano es analista de investigación, fiscal auxiliar y fiscal titular en el Ministerio Público, realizando trabajos en Tegucigalpa, Comayagua y Tocoa, Colón.
También ha desempeñado cargos de asistente técnico y oficial de información pública en la Dirección General de la Marina Mercante.
Julio Vladimir Mendoza

Es originario de San Pedro Sula, Cortés; tiene 44 años.
Mendoza sacó la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales con orientación en derecho mercantil en 2005.
Su oficio lo ha desempeñado en el Bufete Maldonado y Asociados, colaborador para la vicerrectoría académica de Unitec, asesor legal en la Dirección de Protección al Consumidor y actualmente es comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Yuri Fernando Melara

Nació en Tegucigalpa, tiene 57 años, sacó la licenciatura en Ciencias Jurídicas y sociales con orientación en derecho mercantil en 1988 en la UNAH, y el título abogado en 1995.
Melara también es notario público desde 1996 y cuenta con las maestrías en derecho empresarial en 2003 en Unitec, maestría en derecho procesal en 2012 en Unitec, doctorado en derecho tributario y mercantil en 2020 en la Universidad de San Carlos en Guatemala.
Entre los cargos que ha ocupado Melara, destacan como consultor legal externo en el Banco Mundial, Ministerio de la Presidencia, Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y catedrático en universidades públicas y privadas.
Félix Antonio Coca

Es de Guaimaca, Francisco Morazán, tiene 52 años y con título de abogado extendido por la UNAH, con maestría en derecho procesal penal de Unitec.
Laboró del 2002 al 2007 como fiscal auxiliar del Ministerio Público de San Pedro Sula, y hasta 2010 fue fiscal auxiliar en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en Tegucigalpa.
De 2010-2015 fue fiscal coordinador de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, entre 2015-2016 estuvo en la Fiscalía Especial de la Niñez y actualmente es el jefe de la unidad de delitos cometidos en contra de los sectores económicos y de finanzas.
Carlos Roberto Cálix Hernández

Es originario de Santa Bárbara, tiene 54 años, con un postgrado de Justicia Penal obtenido en Costa Rica y una maestría en Derecho Penal lograda en Nicaragua.
Fue juez de paz, defensor público, juez de letras, magistrado de Corte de Apelaciones, director de administración de personal y jefe de la División Legal del Ministerio Público, desde octubre de 2018 a la fecha.
Pablo Emilio Reyes Theodore

Tiene 40 años, nació en Tegucigalpa, graduado como abogado en la UNAH, con un máster en derecho empresarial de Unitec.
Se ha desempeñado como escribiente, procurador, asesor, fue liquidador de la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos), y director de la firma legal CONSULTUS desde 2020 hasta la fecha.
Ivis Antonio Discua Barillas

Tiene 71 años y es originario de El Progreso, Yoro. Abogado y notario, con doctorado en derecho mercantil e impartió clases en la UNAH, Unitec y Universidad José Cecilio del Valle.
Entre sus cargos destacan: magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1998-2022), asesor legal de la Alcaldía Municipal del Distrito central, también del Ministerio de Seguridad (2010-2014) y de la alcaldía de San Pedro Sula (2014-2022).
Jenny Gabriela Almendares Flores

Nació en Tegucigalpa, tiene 52 años, graduada como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH en 1993 y tiene una especialidad en Derecho Penal y un máster en Derecho Procesal Penal.
Almendares fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del Ministerio Público por 20 años, una certificación como consultora internacional de la ONU y ha trabajado de manera independiente.
Es hija del exrector de la UNAH, Juan Almendares Bonilla.
Mario Alexis Morazán Aguilera

También es originario de Tegucigalpa, y tiene 46 años. Se ha desempeñado como docente en la UNAH y universidades privadas.
Morazán cuenta con una maestría en derechos humanos y un doctorado en Derecho Penal obtenidos en Costa Rica.
Su título de abogado lo obtuvo en la UNAH con especialidades en Derecho Penal y Procesal Penal.
Fue juez de Paz, fiscal auxiliar, ministro consejero en la embajada en Costa Rica, fiscal titular, director de política migratoria de Cancillería (2022) y actual secretario general de la Procuraduría General de la República.
Reina Teresa Valerio Harry

De 49 años, garífuna, originaria de Tela, Atlántida. Se graduó de abogada en 2022 en la UNAH, y tiene una es una especialidad en Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad para la Paz de Costa Rica.
Valerio se ha desempeñado como fiscal auxiliar, coordinadora de fiscalía, fiscal especial de la defensa de la Constitución, asistente dirección general de fiscalía y actual coordinadora regional de zona norte.
Raúl Hernán Silva Baltodano

Tiene 72 años y es originario de Tegucigalpa. Tiene un título de doctor en derecho en 1975.
Silva fue diputado del Congreso Nacional por el departamento de Choluteca, se desempeñó dos veces como magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y fue ministro asesor de la Presidencia de la República (2009).
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