El jueves, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, brindó una conferencia de prensa desde Tegucigalpa, capital de Honduras, en la que expresó su voluntad de continuar combatiendo la corrupción y que regresaba "para ver a los corruptos presos".
Las declaraciones de Castellanos se generaron a su regreso al país tras permanecer un mes en autoexilio en Estados Unidos tras haber denunciado amenazas contra ella y su familia.
Tras ello, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización emitió un polémico comunicado en el que recordó que el CNA es una organización público-privada creada mediante un decreto legislativo y que recibe financiamiento en gran medida del Estado y de donaciones, incluyendo fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, sigla en inglés).
Además, expresaron que el CNA supuestamente guardó silencio ante numerosos casos de corrupción que ocurrieron durante la Administración Juan Orlando Hernández (2014-2022) y que Gabriela Castellanos supuestamente responde a los intereses "de un sector reaccionario de Estados Unidos, que supuestamente buscan desestabilizar el país para promover golpes de Estado".
El comunicado despertó preocupación en la sociedad civil, que advierte que hay dos posibles intenciones por parte del Gobierno: retirarle la personería jurídica al CNA y remover a la directora ejecutiva del CNA.
El analista Lester Ramírez aseguró que exponer de dónde proviene el presupuesto del CNA es una amenaza sutil.
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"Lo de mostrarles el presupuesto es una amenaza sutil, pero creo que más bien hay que desatacar que el presupuesto es del Estado y no del Gobierno. No debe el Gobierno amenazar de esa forma", indicó a tunota.com.
Ramírez también subrayó el distanciamiento entre el Gobierno y el CNA.
"Ha habido un desgaste en la relación entre el Gobierno y el CNA, porque hay que recordar que, al inicio de la administración de la presidenta Xiomara Castro, incluso la Secretaría de Salud solicitó al CNA realizar veeduría", añadió Ramírez.
Ramírez advirtió que el mayor riesgo puede estar en la Asamblea General del CNA, donde podría haber presiones políticas para sustituir a Gabriela Castellanos.
"Creo que donde puede haber un mayor riesgo, me parece a mí, es en la Asamblea General del CNA. Ahí puede haber presión político para sustituir a Gabriela Castellanos", agregó.
Integran la Asamblea General del CNA: Arzobispado de Tegucigalpa, Confraternidad Evangélica de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo de Rectores de las Universidades, Confederaciones de Trabajadores, Asociaciones de Campesinos, Federación de Colegios Profesionales Universitarios.
Asimismo, la Federación de Organizaciones Privados para el Desarrollo, Asociación Nacional de Empleados Públicos, Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC) y dos miembros del Poder Ejecutivo.
Lester Ramírez enfatizó que los obstáculos legales para eliminar esa organización son significativos, ya que requeriría la aprobación del Congreso Nacional y la derogación del decreto que lo creó.
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"Así que creo que existe de parte de ellos mayor facilidad para removerla a ella (Castellanos), influyendo en las decisiones de la Asamblea General, me imagino que por ahí puede ir el interés", añadió.
Gobierno debe garantizar espacios
Por su lado, Josué Murillo, exdirector de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), destacó la importancia de promover un entorno propicio para el ejercicio de los derechos humanos y el diálogo, donde la sociedad pueda expresar su disenso sin temor a represalias.
"Este tipo de reacción visceral la habría esperado del Gobierno de Juan Orlando Hernández, pero el actual Gobierno y el Estado tienen la obligación de respetar el trabajo del CNA", manifestó a tunota.com.
Además, mostró preocupación por una posible acción más contundente del Gobierno que ponga en riesgo la existencia del CNA.
"Lo que genera preocupación en el corto plazo es que el Gobierno pueda ejercer una acción más contundente y radical en el sentido de cancelar la personería jurídica, esperemos que no, porque si le pasa al CNA, podría pasarle a cualquier otra instancia ciudadana". "
Josúe Murillo concluyó que el Gobierno está obligado a demostrar tolerancia, respeto y pluralidad, y a resolver los conflictos a través de mecanismos legales y de diálogo, evitando acciones que generen inestabilidad y zozobra en el país.
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