El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras discutirá el martes 8 de octubre la amnistía política que favorece a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), según anunció el magistrado Mario Díaz.
Díaz recordó que este tema ya estaba en la agenda del pleno del 20 de septiembre, cuando se resolvió la inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE).
Sin embargo, la discusión sobre la amnistía política se pospuso para el 8 de octubre a las 8:30 a. m., ya que algunos magistrados señalaron que no habían revisado en detalle el proyecto.
El magistrado explicó que el pleno analizará "un proyecto que la Sala de lo Constitucional no resolvió de manera unánime, por lo que el pleno tomará la decisión que corresponda" sobre la aplicación de la amnistía política.
Díaz aclaró que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no participarán en la discusión, pues ya emitieron su opinión.
"Lo que se resolverá son las consideraciones tanto de la mayoría como de la minoría de la Sala Constitucional, en relación con la aplicación o no del decreto", puntualizó.
Aprobación de la amnistía política
El decreto legislativo No. 4-2022, que contiene la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan", conocida como amnistía política, fue aprobado el 3 de febrero de 2022 por el Congreso Nacional.
Este decreto exonera a diversos exfuncionarios, algunos presos políticos y otros vinculados a delitos de corrupción, en su mayoría del gobierno de Zelaya, lo que ha generado críticas.
Algunos de los beneficiados con la amnistía, señalada por sectores como un "pacto de impunidad", son Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, César Arnulfo Salgado y Germán Enrique Ayala. Los primeros enfrentaban procesos por corrupción pública y el último por un delito de incendio agravado contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Otro de los beneficiados parcialmente es el exalcalde de San Pedro Sula, Cortés, Rodolfo Padilla Sunceri, por delitos de corrupción.
El contenido del decreto amnistía política parece más de un indulto y es inconstitucional porque irrumpe las facultades del Ejecutivo", señaló el analista hondureño Oliver Erazo.
