La bancada del Partido Nacional (PN) anunció este miércoles que presentarán ante el pleno del Congreso Nacional (CN) una moción orientada a que el Gobierno de Honduras reconozca al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

En ese sentido, el jefe de la bancada nacionalista, José Tomás Zambrano, dijo a medios de comunicación que el país se debería de sumar a muchas otras naciones del mundo que reconocen a González Urrutia como ganador de los comicios venezolanos.

"Hemos pedido la palabra a quienes dirigen este Congreso para presentar una moción, que ya la tenemos redactada y levantadas las firmas de la bancada, para que se exhorte al Poder Ejecutivo que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela", declaró Zambrano.

Además, agregó que el pueblo venezolano de dio el triunfo a él y se está reconociendo en todos los países del mundo y ayer -19 de noviembre- lo hizo EE. UU.

"Solo Honduras es de los aliados de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela", puntualizó el congresista de oposición.

Edmundo González, de la victoria al exilio

Las elecciones presidenciales del 28 de julio provocaron el episodio más reciente de la larga crisis política venezolana, pues el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, sin jamás publicar los resultados detallados de las votaciones ni cumplir con las auditorías requeridas para demostrar que el anuncio de su victoria se ajustaba a lo que realmente ocurrió.

Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado -a quien las autoridades venezolanas no dejaron competir por la presidencia- publicó en una página web lo que asegura son las actas correspondientes a más del 83% de los votos, según las cuales González Urrutia obtuvo 7,303,480 votos (67 %) y Maduro consiguió 3,316,142 votos (30 %).

Ante las protestas callejeras por los resultados oficiales, el gobierno de Maduro realizó detenciones masivas no solamente de manifestantes, sino también de numerosos activistas, incluyendo testigos electorales que se encargaron de recoger las actas publicadas por la oposición.

De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, al menos 1,800 personas fueron detenidas en los días siguientes a los comicios, incluyendo más de un centenar de menores de edad.

Como consecuencia de este proceso, en el que la oposición no participó por considerar que no era una instancia imparcial ni era legalmente competente para decidir sobre los resultados electorales, la Fiscalía -señalada también de ser el brazo judicial del chavismo- puso en marcha un proceso penal en contra tanto de González Urrutia como de Machado.

Esta causa penal obligó a Machado a pasar a la cladestinidad, mientras que González Urrutia buscó y obtuvo asilo en España.