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Durante meses, en aldeas y barrios de Copán se repetía la misma pregunta: ¿dónde terminó el dinero para las ayudas sociales?. Las comunidades esperaron cemento que nunca llegó. Las becas prometidas no aparecieron. Las obras solo existieron en expedientes. Hoy, esas dudas están contenidas en un requerimiento fiscal que describe cómo fondos públicos habrían sido utilizados para construir una red de favores políticos, simulaciones administrativas y desvío sistemático de recursos desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social de Honduras (SEDESOL).
No es solo un proceso penal. Es el retrato de cómo el poder, el dinero y el silencio se combinaron durante años y se estampa en el requerimiento fiscal.
De acuerdo con ese requerimiento, el proceso comenzó en 2023, cuando se gestionó una asignación presupuestaria para proyectos sociales en Copán.
La solicitud fue conocida por el Congreso Nacional y, según el expediente, la autorización para ejecutar esos fondos fue comunicada por la Presidencia del Legislativo mediante un oficio dirigido a SEDESOL.
En ese documento, se notificó que la asignación quedaba aprobada y que la Secretaría de Desarrollo Social sería la institución encargada de ejecutarla.
A partir de esa autorización formal, el dinero ingresó al circuito administrativo que luego sería cuestionado por la Fiscalía.
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SEDESOL: cuando la ayuda social se convirtió en negocio
Según el Ministerio Público, el dinero que debía convertirse en obras, becas y apoyo para comunidades de Copán terminó atrapado en un entramado de decisiones, firmas, cheques y expedientes que hoy están bajo investigación.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública sostiene que, detrás de esos papeles, se configuró un esquema que dio lugar a 67 delitos de fraude contra la administración pública.
Un expediente que no habla solo de números. Habla de rutas del dinero. De autorizaciones internas. De controles que, según los investigadores, no funcionaron en SEDESOL.
Son documentos que se repiten. De beneficiarios que no encajaban con el perfil social que justificaba las ayudas.
En ese recorrido, la Fiscalía afirma que se produjo una afectación de L 6,032,654.07, fondos que estaban destinados al desarrollo económico y social de Copán, pero que, según la acusación, no cumplieron ese propósito.
El reglamento que ordenó el control
Una vez aprobados los fondos, el siguiente movimiento ocurrió dentro de la institución. Según el documento, mediante un acuerdo ministerial se creó un reglamento interno para ejecutar las asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2023.
Ese reglamento definió cómo se manejaría el dinero, quién debía revisarlo y qué oficinas tendrían control.
Cuando los recursos ya estaban incorporados al presupuesto, la administración y supervisión quedó en manos del entonces titular de SEDESOL y de la gerencia administrativa.
Según el Ministerio Público, desde ese momento el manejo de los fondos quedó concentrado en una estructura interna.
Una advertencia que quedó en papel
Antes de que el Fondo Administrativo Solidario comenzara a operar plenamente, hubo una alerta. La Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia respondió a una consulta y señaló que SEDESOL no estaba facultada para ejecutar proyectos en los términos planteados.
El oficio recomendó ajustes. Pedía correcciones. Planteaba límites. Pero, según la Fiscalía, esas observaciones no frenaron el proceso.
Después de esa advertencia, se abrieron cuentas bancarias, se gestionaron fondos y se firmaron convenios. El sistema siguió funcionando.
Los cheques y los beneficiarios
Con el mecanismo en marcha, comenzó la fase más visible. El requerimiento sostiene que se emitieron 67 cheques a nombre de personas del departamento de Copán.
Pero, según las investigaciones, ninguna de ellas estaba en condición de vulnerabilidad. El documento afirma que muchos tenían ingresos estables, negocios o empleo. Y que su selección respondió a “afinidad partidaria-política”.
Los cheques se cobraron. El dinero se retiró en efectivo. Y, según la Fiscalía, se canalizó a través de intermediarias vinculadas al círculo cercano de la diputada.
La rendición de cuentas que no cuadró
Después venía el momento de justificar el gasto. Y ahí, sostiene el Ministerio Público, apareció un patrón. En la revisión de expedientes, los fiscales encontraron:
- Facturas casi idénticas
- Cotizaciones repetidas
- Fechas similares
- Materiales iguales
- Documentos con el mismo formato
En muchos casos, solo cambió el nombre del beneficiario. Las liquidaciones parecían copiadas.
Lo que encontraron en el terreno
El expediente no se quedó en los papeles. También hubo inspecciones. Según el requerimiento, en varias viviendas visitadas apenas se encontraron uno o dos sacos de cemento. En otras, no había evidencia de mejoras.
Además, algunos propietarios declararon que nunca recibieron ayuda. La versión documentada no coincidía con la realidad observada.
Con todos esos elementos, el Ministerio Público sostiene que no se trató de fallas aisladas. Habla de un “plan defraudatorio”.
La lectura legal: “era algo anunciado”
Para el abogado penalista Félix Ávila, este desenlace era previsible. “Esto era algo anunciado tras que explotó el escándalo. Era de esperarse”, dijo.
Ávila considera que el retraso en judicializar el caso favoreció políticamente a la diputada implicada. “Le favoreció que no le presentaran el requerimiento antes”.
Sin embargo, también ve un aspecto positivo. “Doy el beneficio de la duda a la Fiscalía. Tuvo tiempo para presentar un requerimiento robusto”. Y recordó que todos los imputados conservan su derecho a defensa. “Este caso marca una lucha contra la corrupción en Honduras”.
Para Copán, no es solo un expediente. Es la explicación pendiente de qué pasó con recursos que debían llegar a comunidades.
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