La Policía Nacional desplegó un amplio operativo en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, para eliminar marcas y grafitis pertenecientes a estructuras criminales en espacios públicos y privados.
La acción responde de forma inmediata a la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, aprobada el pasado 27 de octubre por el Congreso Nacional.
Esta reforma histórica tipifica formalmente a las maras y pandillas como asociaciones terroristas, marcando un giro contundente en la estrategia de seguridad pública del país.
Operativo pionero en Guaimaca y borrado de simbología territorial
El municipio de Guaimaca fue seleccionado como el punto de partida para este proceso de erradicación visual de la simbología delictiva en territorio hondureño.
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Las cuadrillas policiales y municipales procedieron a pintar y cubrir rótulos, letras y códigos utilizados por los grupos criminales para delimitar sus zonas de control.
Esta medida busca devolver la tranquilidad a los pobladores y recuperar los espacios comunitarios que permanecían sometidos bajo el yugo de la intimidación visual.
Hasta diez años de cárcel por elaborar o difundir marcas delictivas
La normativa legal recientemente aprobada establece penas severas de hasta 10 años de prisión para quienes elaboren, pinten o difundan marcas vinculadas a pandillas.
Asimismo, las reformas contemplan sanciones severas si la simbología territorial vuelve a aparecer en los muros previamente intervenidos por los uniformados.
Quienes reincidan en la pinta de estos murales delictivos enfrentarán las mismas penas que la legislación aplica a los integrantes de las estructuras terroristas.
Marco penal endurecido para combatir a las asociaciones terroristas
La tipificación formal aprobada por el Congreso Nacional dota a las fuerzas de seguridad de herramientas jurídicas más contundentes para combatir el crimen organizado.
Autoridades de la Policía Nacional recalcaron que las operaciones de limpieza se extenderán gradualmente a otros municipios golpeados por la violencia pandilleril.
Con la aplicación de esta ley, el Estado hondureño busca desmantelar la presencia territorial y el impacto sociológico de estos grupos en barrios y colonias.
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