La Policía Nacional advirtió este domingo, que los manifestantes que realicen cualquier acción que atente en contra del derecho a libre circulación, serán identificados mediante registros fotográficos y audiovisuales a fin de deducir las responsabilidades conforme al Código Penal.
La reacción de la institución policial se da luego que trascendiera que un grupo de alcaldes de al menos cuatro municipios del departamento de Comayagua, amenazaran que este lunes 31 de marzo se tomarían las carreteras CA-5 Norte y CA-6., en exigencia a los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIP).
Por lo anterior, la Policía mediante un comunicado de prensa indicó que en cumplimiento de la ley, se aplicarán medidas para prevenir y neutralizar bloqueos de carreteras que afecten el derecho a la movilidad y la economía.
"Ante la información recabada sobre planes para la paralización de las principales carreteras hacia el norte del territorio nacional y la región oriental (Danlí); se han dispuesto medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables de estas acciones", reza parte del escrito.
Irán tras manifestantes que obstaculicen carreteras
En el mismo comunicado, la Policía Nacional manifestó que en los casos en que se identifique la participación de individuos en la comisión de actos que constituyan ilícitos penales; y en caso de no ser posible su detención en flagrancia se procederá a la solicitud de las respectivas órdenes de captura ante las instancias judiciales competentes.
Entretanto, la Policía Nacional enfatizó que el ejercicio del derecho a la manifestación debe desarrollarse dentro del marco de la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los demás ciudadanos y extranjeros en el país.
"La libertad de expresión y reunión no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental de la movilidad; ni para afectar el orden público y la economía nacional", apuntó.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, el estricto cumplimiento de la normativa legal y la aplicación de los principios de legalidad, conforme al Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
"Asimismo, garantiza que todas sus acciones se desarrollan en observancia de los principios democráticos y del Estado de derecho, asegurando la paz y estabilidad del país", puntualizó.
