La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, denunció este jueves que la Policía Nacional estaría negando medidas de protección a periodistas que, debido a amenazas, están acogidos al Mecanismo Nacional de Protección de Honduras.

Meza afirmó en una entrevista con el Noticiero TN5 Matutino de Canal 5 que varios periodistas hondureños se encuentran en grave riesgo y que las autoridades no están garantizando su protección.

Uno de los casos mencionados es el de una periodista en Marcala, La Paz. "La jefa departamental de la Policía le dijo que no estaba dispuesta a perder el tiempo escuchándola y aplicando las medidas necesarias; me puso en altavoz y yo la escuché", señaló Meza.

Además, Meza denunció que el actual director del Mecanismo Nacional de Protección, según la ley, es una persona recién graduada, por lo que pidió a las autoridades competentes que designen a alguien con experiencia en el mecanismo para que sea efectivo.

"Estamos en completa indefensión quienes buscamos apoyo en esta instancia, que hemos creado desde la sociedad civil y no es una dádiva de ningún gobierno", expresó.

Meza también comentó que fiscales, abogados y defensores de derechos humanos que han acudido al Mecanismo no están recibiendo la protección de la Policía Nacional.

Ante esta situación de indefensión, dijo que se enviarán comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator para la Libertad de Expresión y a otras organizaciones internacionales para informar sobre las dificultades que enfrentan los periodistas y otros en situación de amenaza que no reciben protección.

No se siguen procedimientos, responden autoridades

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, explicó que el problema radica en las cuatro o cinco normativas del Mecanismo que deben seguir para otorgar las medidas de protección.

Aguilar agregó que quienes solicitan protección "no siguen el procedimiento establecido por la ley".

Actualmente, más de 870 policías están asignados para brindar protección a quienes la han solicitado, y se ha recuperado a efectivos, algunos con hasta 20 años de experiencia en la seguridad de personas en riesgo.

A raíz de esta situación, se ha decidido aplicar la ley para realizar un análisis de riesgo cada seis meses. Aguilar también mencionó que ha habido abusos, como el caso de una persona con medidas de protección que requiere hasta cuatro policías de seguridad vestidos de civil, lo cual no es permitido.