El Ministerio Público de Honduras informó que seis personas, incluidos dos agentes de la Policía Nacional, fueron procesadas penalmente por fingir su propio secuestro con el propósito de obtener dinero de sus familias.

A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y su Sección Contra el Delito de Secuestro, en conjunto con la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se determinó que los implicados montaron escenarios falsos para hacer creer a sus familiares que estaban en manos de criminales.

Los procesados son los policías Ángel Anael Espino Zúniga y Orlin Israel Cárcamo Cálix, junto a Nilson Rolando Cálix, Reinerio Valeriano Avelar, José Antonio López López y Felipa Cantarero Ramos.

Todos enfrentan cargos por el delito de simulación de infracción inexistente en perjuicio de la Administración de Justicia.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora imputados utilizaron diversas falsedades, incluyendo llamadas amenazantes y mensajes falsos, para hacer creer que estaban secuestrados y exigir dinero como "rescate".

¿Cuál es la sanción por fingir secuestro?

Según el artículo 529 del Código Penal hondureño, este tipo de acciones son sancionadas con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 días.

El delito afecta directamente a la administración pública, ya que moviliza recursos estatales y genera costos innecesarios al sistema de justicia, al tratarse de hechos completamente falsos.

Otros casos de secuestros falsos

No es la primera vez que en Honduras se registran casos de secuestros simulados. En abril de 2023, una joven en La Ceiba fingió su desaparición para presionar a su madre a enviarle dinero, mientras que en 2022, un comerciante en Choloma fue capturado tras fingir su rapto para justificar la pérdida de dinero de su negocio.

Además, en mayo otro policía fingió su secuestro para jugarle una broma a su pareja sentimental.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a no incurrir en este tipo de delitos que no solo afectan emocional y económicamente a las familias, sino que también entorpecen el trabajo de las instituciones encargadas de combatir verdaderos casos de secuestro.