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La audiencia de extinción de responsabilidad penal contra el exgerente general de Hondutel, Marcelo Chimirri, se llevará a cabo este lunes 28 de febrero de 2022, de acuerdo con Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.
La defensa de Chimirri solicitó al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, capital de Honduras, que se le aplique un decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional a fin de que se le extinga toda responsabilidad penal.
Chimirri, quien fungió en Hondutel entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), fue acusado de abuso de autoridad y fraude en contra de la administración pública, por lo que fue condenado el 27 de noviembre de 2018 a ocho años y seis meses de prisión.
Además, fue condenado a nueve años por enriquecimiento ílicito. En total, enfrenta una pena de 17 años.
En ese sentido, la defensa del exfuncionario ha pedido que se le extinga la responsabilidad, penal pues la amnistía —también denomida "ley de impunidad"—indica que se absuelvan de delitos no políticos a funcionarios víctimas del golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Zelaya el 28 de junio de 2009.
De acuerdo con el decreto, se concede amnistía general las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios entre el 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009.
Según ese instrumento, quedarán amnistiados quienes haya incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
También los culpables o procesados por fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, y criminalidad organizada, entre otros.
Caso Chimirri
Marcelo Chimirri, quien cesó en el cargo de gerente de Hondutel en 2007, fue condenado el 27 de noviembre de 2018 a 17 años con seis meses por tres delitos.
De acuerdo con Ministerio Público, Chimirri recibió sobornos de parte de la empresa Latin Node, con sede en Florida, Estados Unidos, a cambio de un contrato de interconexión.
Ejecutivos de la compañía admitieron en la Corte del Distrito Sur de Miami —donde fueron juzgados por lavado de activos— que transfirieron 1.09 millones de dólares (unos 26 millones 596 mil lempiras) a terceros, a sabiendas de que irían a manos de funcionarios de Hondutel, a cambio de beneficiar a la compañía con el contrato.
Los pagos se hicieron en 2005 (último año del gobierno de Ricardo Maduro) y entre 2006 y 2007, los dos primeros años de la gestión de Zelaya.
Mientras, en otro proceso no penal, un juez ordenó el 18 de agosto de 2016 el decomiso de varias propiedades de Chimirri, a fin de que pasaran a favor del Estado por no poder justificar que fueron obtenidos legalmente.
Mediante la resolución se determinó que Chimirri perdió cuentas bancarias, lotes de terreno, una casa en Ciudad Lempira, una radio y dos vehículos, entre otros.
