El Ministerio Público (MP) contabiliza cinco requerimientos fiscales para ciudadanos que en su mayoría ocuparon el cargo de Secretario de Junta de Receptora de Votos
(JRV) en el proceso de elecciones generales llevado a cabo el 28 de noviembre de 2021.

Dichos requerimientos obedecen a “alteraciones realizadas de manera dolosa” que favorecieron a candidatos a diputados de dos partidos políticos.

La portavoz del MP, Lorena Cálix, explicó que están a las puertas de iniciar juicio oral y público en el caso de Vanessa Aguilar, aunque todavía no se ha definido la fecha.

La imputación penal para los cinco acusados es por el delito de Falsificación de Documentos Electorales tipificado en el artículo 543 del Código Penal. La Ley Electoral de Honduras determina que los documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) son públicos. Además, se establece que quien falsifica documentos electorales debe ser
castigado con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo término que dura la cárcel establecida.

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Algunos procesos de estos requerimientos

Yuri Mora, también portavoz del Ministerio Público, informó que varias personas han determinado declararse culpables para que les reduzcan la pena. “Las personas que han sido procesadas están en proceso de defensa y acusación de parte del Ministerio Público. Parece que algunos se van a someter a un procedimiento abreviado, que consiste en aceptar su culpa y así se les baja la pena”, explicó.

Los requerimientos han sido presentados por fiscales de la Unidad Contra los Delitos Electorales (UECDE) que depende del Ministerio Público.

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