"La ilegalidad en la aprobación está más que probada y la vamos a demostrar como comisión", manifestó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, quien adelantó que antes del 31 de marzo rendirán un informe ante la Cámara legislativa.

Según explicó, una vez que sean evidenciadas esas supuestas distorsiones en el Código Penal, quedarán dos vías: abrogarlo (eliminarlo) o reformarlo.

"El pleno del Congreso Nacional decidirá si abrogaremos o reformaremos, pero también hay actuaciones que serán notificadas al Ministerio Público, para que haga lo correspondiente", añadió.

Refirió que algunos diputados actuales -omitió sus nombres- están involucrados en las supuestas irregularidades, pero agregó que será la Fiscalía quien "deducirá las responsabilidades del caso".

Entre las anomalías identificadas, añadió Ramón Barrios, está que "no se lograron los votos necesarios" (65) en varios numerales y que "un artículo se aprobó de una forma y se publicó de otra".

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Desde que se aprobó, el 28 de mayo de 2019, y que entró en vigencia, el 25 de junio de 2020, al Código Penal se le catalogó por parte de algunas instancias de sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como un "instrumento de impunidad".

La polémica normativa, en contraste con la que estuvo vigente entre 1985 y 2020, disminuye considerablemente las penas en delitos contra la Administración pública y en delitos sexuales, como la violación, entre otros.

Sala Penal dice que 'está bien'

Sin embargo, desde la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aseguran que el Código Penal "ha funcionado bien" y que solo será necesario reformarlo.

"Hacer un nuevo Código Penal nos va costará como sociedad y como país. El Código ha funcionado bastante bien", manifestó el magistrado coordinador de dicha sala, Walter Miranda.

Aprobar un nuevo Código Penal o reformar el actual requerirá de 65 votos en el Congreso Nacional.

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