Debido al incumplimiento del Congreso Nacional de aprobar una serie de reformas electorales, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no cuenta con una ley orgánica ni de procedimientos para resolver los recursos que se le presenten, por lo que, para cubrir ese vacío legal ha tenido que recurrir una serie de normas complementarias.

O sea, se trata de un marco legal “parchado” del que se hace uso a fin de satisfacer los reclamos de quienes aleguen ante esta instancia una violación a un derecho político.

Una ley orgánica y una ley de procedimientos le permitiría al TJE tener reglas claras y específicas sobre cómo aplicar el derecho electoral, particularmente en los recursos de apelación, que son sobre los que debe emitir fallos.

Ante esa ausencia de legislación, el Tribunal ha echado mano de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Procesal Civil, en el que se establece plazos y requisitos para la presentación y resolución de trámites.

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Lo anterior se hace porque cuando no existe una ley específica sobre una materia legal, se recurre a otras que se denominan supletorias, es decir, suplen este vacío con el fin de evitar que un ciudadano no tenga una instancia donde reclamar un derecho.

Otro instrumento legal utilizado para basar la operatividad del TJE es el decreto 071-2019 que contiene la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, Atribuciones, Competencias y Prohibiciones.

Ese decreto establece que el Tribunal tiene 15 atribuciones sus competencias conocer y resolver los recursos electorales derivados de las elecciones primarias y generales, departamentales y municipales y de plebiscito y referéndum o consultas ciudadanas, una vez agotada la instancia administrativa en el Consejo Nacional Electoral, conforme a ley.

Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral puede emitir una resolución para no admitir una prencandidatura o candidatura o sobre los resultados de una votación y quienes se sientan perjudicados, en primera instancia, presentan un recurso de reposición ante este órgano para que se anulen.

Si el fallo no es favorable al demandante, este interpone un recurso de apelación siempre ante el CNE y este lo debe remitir al Tribunal de Justicia Electoral para que emita un fallo dentro de 30 días hábiles, según las normas supletorias que usa.

La Constitución de la Republica establece que el Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en el país sobre dicha materia.

No obstante, contra las resoluciones del TJE se pueden interponer recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

A juicio del magistrado del TJE, Eduardo Enrique Reina, las normativas las legislaciones que se usan para aplicar son suficientes para satisfacer las demandas de justicia electoral y admitió que el marco legal actual “no nos permite actuar como quisiéramos”.

Con una normativa expresa sobre materia electoral, los procesos de resolución serían más expeditos, remarcó Reina.

“Lo ideal, lo perfecto sería que tuvieran nuestra propia ley de justicia y procesal, la creación de los nuevos órganos electorales se hizo en un proceso de reformas y transformaciones electorales, se lo hemos hecho saber al Congreso mediante unas notas que los más conveniente que estas leyes están definidas”, expresó.

“Estamos analizando mucho nuestras resoluciones, que vayan bien argumentadas la medida que sustentemos bien nuestras resoluciones eso dejara bastante claro si hay o no una violación que pueda recurrirse en amparo”, indicó.

Así las cosas, los conflictos legales que se generen de las elecciones primarias del 14 de marzo se resolverán bajo este mecanismo legal improvisado.

Un total de 14 movimientos de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación participarán en las votaciones primarias de donde saldrán los candidatos que disputarán los cargos de presidente, diputados al Congreso Nacional y alcaldes y regidores.

En esta justa comicial participarán unos 5 mil precandidatos.

Hasta la fecha, el TJS ha emitido dos fallos, entre estos uno que inhabilita a la exprecandidata presidencial nacionalista, Loreley Fernández, ya que ella no pudo corregir algunas inconsistencias en la solicitud de inscripción de su movimiento.

Las elecciones primaria de Honduras se realizarán el 14 de marzo de 2021, justa de la cual podrían generarse reclamos que tenga que resolver el Tribunal de Justicia Electoral.

Intento fallido

En diciembre de 2014, el Congreso Nacional aprobó un decreto para darle facultades al Tribunal de Justicia Electoral de crear reglamentos y auto acordados con el fin de generar las reglas para resolver los recursos, pero el mismo nunca fue publicado en el diario La Gaceta para que entrara en vigencia.

Según la también magistrada del TJE, Gaudy Castillo, el mencionado cuerpo legal no era específico sobre la forma tramitar los recursos, además que como ente colegiado no pueden emitir una reglamentación

“Qué pasó con este decreto que se aprobó, el Tribunal no tiene facultad de aprobar reglamentos, manuales en materia jurisdiccional, por ejemplo, en el recurso de apelación, lo dice el decreto 1 de ese decreto, pero no quedó claro cómo se va a presentar”, explicó.

No obstante, la togada explicó que se creará, con base en el decreto 071-2019, una guía didáctica para que el usuario sepa el procedimiento para presentar y sustentar sus reclamos.

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Castillo indicó que el decreto 071-2019 les da las facultades para emitir instrumentos para realizar la gestión administrativa y jurisdiccional del Tribunal.

Reitero que el decreto 071-2019 indica que mientras no existan todas las reformas electorales, el Consejo Nacional Electoral deberá de aplicar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y que “si nos vamos a ese aspecto jurídico, tenemos que aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos” porque esa es la que aplica el Consejo.

No obstante, ese decreto solo hace mención que el CNE se rija por la Ley Electoral vigente y no el TJE.

Las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral realizaron un taller un taller el fin de semana pasado para que representantes de movimientos políticos conocieron el procedimiento jurídico electoral que se aplica.

Por su parte, el abogado David Leonardo Núñez, del cuerpo legal del movimiento Juntos Podemos, que impulsa la candidatura presidencial de Mauricio Oliva, destacó que con la creación del TJE se logró ya no hay un ente como el desaparecido Tribunal Supremo Electoral sea juez y parte en las demandas.

Creación

El Congreso Nacional aprobó la creación del TJE en enero de 2019 como parte de una serie de reformas electorales acordadas entre los actores políticos y en cumplimiento de las recomendaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras (Maccih).

La intención de crear estas nuevas instancias fue la de adecentar las instituciones electorales, luego trascendiera en 2016 que con fondos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social se financiaron campañas del Partido Nacional durante de 2010 a 2014.

Mediante esta reforma, se cerró el Tribunal de Supremo Electoral y en su lugar se crearon el CNE, que se encarga de la administración de las elecciones, y el TJE, que emite justiciar electoral.