La diputada del Partido Nacional (PN), Merary Díaz, no descartó este domingo (06.03.2022) que las personas beneficiadas con la Ley de Amnistía puedan pedir una indemnización al Estado de Honduras.

“Quienes hoy hayan pedido o aplicado la amnistía no significa que no puedan pedir indemnización también. Habrá que ver si van a pedir indemnización por ese daño que en su momento creyeron que el Estado le causó”, dijo Díaz.

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Seguidamente, la parlamentaria nacionalista en su participación en el programa de debate 30/30, calificó como “algo preocupante” que este tipo de acciones se puedan dar en el país.

Esto es un antecedente, podríamos decir a que en el futuro muchos pudieran pedir -una indemnización-. ¿Quién dice que no, si ya el Congreso Nacional lo aprobó?”, agregó la congresista.

Además, Díaz aseguró que la recién aprobada amnistía política es tan amplia que no tiene límites para el Poder Judicial de Honduras.

Amnistía para ciertos casos

La política del partido de la estrella solitaria consideró lamentable que dicha amnistía política es para ciertos casos específicos y personas que estaban señaladas por presuntos actos de corrupción.

Es lamentable que esta amnistía política era para ciertos casos específicos para personas que estaban señaladas", manifestó la diputada del PN.

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Seguidamente, fue más allá y mencionó algunos de los principales beneficiados con dicho decreto; uno de ellos es el exministro de la Presidencia (2006-2009), Enrique Flores Lanza. De igual forma, el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.

“El decreto de amnistía, vemos hoy que era para cierto tipo de personas; que algunos tenían orden de captura y otros ya tienen sentencia por hechos delictivos”, puntualizó.

Finalmente, lamentó que el Poder Legislativo haya aprobado ese tipo de amnistía, que en menos de 48 horas se sancionó y aprobó.

Los beneficiados con la Ley de Amnistía

Los principales beneficiados con la aplicación de la cuestionada Ley de Amnistía, serán las víctimas de persecución política del golpe de Estado de 2009.

Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), hay casi cuatro mil campesinos que son perseguidos judicialmente por estar en contra de los hechos sucedidos el 28 de junio de 2009.   

De acuerdo con los artículos del decreto, la amnistía exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.

Esta amnistía ha recibido criticas por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".

El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.

El decreto establece que estas personas fueron víctimas al ser acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado; y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".

Dos exfuncionarios del "Poder Ciudadano", Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri; ya comenzaron a ver los frutos de dicha ley, al recibir sus cartas de libertad y responsabilidad penal.