"Estamos preocupados por la división política en Honduras e instamos a todos los partidos políticos a que regresen rápidamente al orden y a que eviten la violencia", dijo en redes sociales el secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols.
La Administración de Joe Biden aboga "por el diálogo pacífico para enfrentar los desafíos del pueblo hondureño" y seguirá trabajando con el país centroamericano "para beneficiar a todos los hondureños", agregó Nichols.
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El martes pasado, el Gobierno de Honduras criticó la "injerencia en asuntos soberanos" de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, quien cuestionó, al igual que la oposición, que una comisión parlamentaria de solo nueve diputados nombrara al nuevo fiscal general.
La crisis inició el 1 de noviembre, cuando la Comisión Permanente del Parlamento de Honduras designó de forma unánime a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina.
Los dos nuevos fiscales debieron haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento.
La elección de los nuevos jefes del Ministerio Público ha dejado enfrentamientos entre simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Bloque de Oposición Ciudadana de Honduras, compuesto por las principales fuerzas opositoras.
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