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En enero de 2013, cuando Juan Orlando Hernandez aún era presidente del Congreso Nacional, una mayoría calificada (96) integrada por diputados del Partido Nacional, aprobaron en el final de la tercera legislatura del gobierno de Porfirio Lobo, la "Ley Especial de Juicio Político" en Honduras.
Dicha ley busca deducir responsabilidades a los titulares de los tres poderes del Estado y otros altos funcionarios del gobierno que cometen abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones, al menos en su espíritu.
Durante estos seis años, nadie ha hecho oficial una solicitud de juicio político, apenas y algunos diputados opositores lo han mencionado, pues ningún sector representado en el Congreso Nacional (2022-2026), cuenta con los votos necesarios para somoter a juicio a algun servidor del Estado.
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Sin embargo, durante octubre de 2019 se realiza en Nueva York, un juicio por narcotráfico al diputado nacionalista Juan Antonio Hernández en la Corte del Distrito Sur, en donde ha salido a relucir el nombre del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el fiscal Jason Richman de haber aceptado dinero proviniente del narco, las que han sido apoyadas por testigos del caso.
Dicha situación, ha motivado a varios sectores de la oposición a analizar la posibilidad de solicitar un enjuiciamiento político contra JOH, lo que según el opositor Germán Altamirano (Libre) es posible porque "hay razones de sobra. nos están exhibiendo a nivel mundial, aquí hay pobreza, hay injusticia y aquí hay una gran culpabilidad, tanto empresarial, militar y periodistica".
¿Existe realmente esa posibilidad?
Enjuiciar políticamente en la actualidad a Juan Orlando Hernández no es posible. Primero porque no hay quién se atreva a presentar el recurso ante el Congreso Nacional, y segundo porque hay requísitos mínimos que la Ley exige y por ahora estos no se cumplen.
El Congreso Nacional de Honduras cuenta con 128 diputados titulares y la situación actual favorece en mayoría al Partido Nacional (en el poder), aunque no tiene la mayoría calificada (96 votos) ni la mayoría simple (65) para dominar a pleno la legislatura.
En segunda instancia, la oposición tampoco cuenta con la suficiante fuerza para actuar contra los nacionalistas. De hecho, las dos bancadas contrarias están fragmentadas.
Ahora bien, pero asumiendo que el recursos fuera admitido en una utopía como "Alicia en el País de las Maravillas", el proceso constaría de dos partes: la etapa investigativa, que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y luego, la etapa de discusión y votación, que durará hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al pleno por parte de la comisión especial.
Finalmente, viendo el panorama anterior de la composición del Congreso Nacional y de la fragmentación de la oposición, es prácticamente imposible iniciar un proceso de esta manigtud contra el presidente en funciones.
