El domingo, a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), Redondo anunció: "He nombrado una comisión especial para que investigue de inmediato a los extitulares del Ministerio Público y su participación, ya sea por acción u omisión, en casos relacionados con estructuras del crimen organizado, corrupción público-privada, fondo departamental, ONGs vinculadas a partidos políticos, el Caso Pandora, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, entre otros, en calidad de autores, cómplices o encubridores."

La comisión incluye a los legisladores Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Netzer Mejía (todos de Libre); Ligia Ramos (PSH); Rolando Barahona (independiente, antes del Partido Nacional); Ernesto Lezama (Partido Liberal) y Carlos Raudales (Democracia Cristiana).

El analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda, opinó en conversación con tunota.com que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está al borde del "abuso de autoridad" al nombrar esta comisión.

Si bien la Constitución de la República en su artículo 205, numeral 21, establece que el Congreso Nacional tiene facultades para designar comisiones especiales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 22, numeral 14, señala que el presidente de dicho poder del Estado puede "crear comisiones legislativas especiales".

No obstante, Raúl Pineda argumenta que lo cuestionable e ilegal es que esta comisión especial debería haberse designado en una sesión plenaria y no como una decisión unilateral del presidente del Congreso Nacional.

"Además, las comisiones deben centrarse en temas de interés general y no en la investigación de funcionarios o exfuncionarios", explicó Pineda.

El abogado constitucionalista, Óliver Erazo, considera que esta decisión es una respuesta del oficialismo después de que fracasara cuatro veces su intento de que el Congreso Nacional eligiera a Johel Zelaya como fiscal general.

Erazo sostiene que esta acción busca "dar una interpretación forzada a las atribuciones del Poder Legislativo".

"Primero, el Congreso Nacional no tiene facultades de órgano operador de justicia y, segundo, tampoco puede perseguir el delito, ya que estas son atribuciones del Ministerio Público", señaló en entrevista a tunota.com.

Raúl Pineda coincide: "El fiscal Óscar Chinchilla y el fiscal Daniel Sibrián solo pueden ser investigados por el mismo Ministerio Público, no por el Congreso Nacional, que solo puede investigarlos en cuanto a sus aspectos administrativos".

VEA: Nombran comisión especial para investigar a exfiscales general y adjunto de Honduras

Por su parte, Oliver Erazo cuestiona por qué no se agotó la vía del juicio político. "El Congreso tiene la facultad de interpelar, ¿por qué no lo hizo el año pasado?"

El partido Libertad y Refundación (Libre) intentó en marzo de este año presentar una moción exhortativa para interpelar a Óscar Chinchilla, pero, según el diputado Eliud Girón, no prosperó debido "al boicot del Partido Nacional".

A pesar de las críticas de la oposición a la investigación de los exfiscales generales, una de las diputadas designadas en la comisión, Silvia Ayala, asegura que "solo harán recomendaciones al pleno de diputados".

"Esta comisión se encargará de revisar las actuaciones de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián durante su mandato de cinco años. El trabajo que realicemos, este informe será presentado y será el pleno el que decidirá si acepta las sugerencias. El pleno ya consideró no llevar a cabo el juicio político", declaró.

La tensión crece y aún no hay fiscal general y adjunto

Con la elección pendiente de las nuevas autoridades del Ministerio Público, que debía haberse realizado antes del 1 de septiembre, la tensión aumenta en el Congreso Nacional.

Tanto el oficialismo como la oposición se culpan mutuamente de no buscar consensos, y en el Ministerio Público no está claro quién está al frente de la fiscalía general.

Este lunes, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, declaró la renuncia presentada por el exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián, como "extemporánea", aunque algunos fiscales lo reconocen como la máxima autoridad interina desde el 1 de septiembre.

Por otro lado, se confirmó que el exfiscal general, Óscar Chinchilla, se dirigió ayer a Nicaragua para unirse a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) como magistrado en representación del Estado hondureño.

La elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto requiere de al menos 86 votos, pero los consensos parecen estar estancados en el Congreso Nacional.

El bloque de oposición, compuesto por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH), ha nominado sin éxito cuatro veces a los fiscales de carrera Marcio Cabañas y Jenny Almendares como candidatos a fiscal general y fiscal general adjunta, respectivamente.

Mientras tanto, en la misma cantidad de ocasiones, el partido oficialista Libre ha propuesto a Johel Zelaya, asesor legal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), como fiscal general, y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto.

De su interés: Óscar Chinchilla abandona Honduras para ocupar cargo como magistrado de la CCJ en Nicaragua