X
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijo para el próximo 6 y 7 de febrero, el juicio sobre la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, el pasado 12 de diciembre de 2012.
Una década después, el Estado hondureño estaría a las puertas de una nueva condena por incumplimiento de normas ante una destitución inconstitucional, coincidieron este jueves expertos consultados por Telenoticias de Televicentro.
Las víctimas del caso conocido como Gutiérrez Navas y otros vs Honduras son: José Antonio Gutiérrez Navas; José Francisco Ruíz; Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosa Linda Cruz Sequeira.
"De determinar la CIDH que el Estado de Honduras es responsable internacionalmente de la violación de los derechos, que ellos han alegado en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evidentemente el Estado deberá de responder mediante las reparaciones que se establezcan en la sentencia", señaló Nelson Molina, procurador de litigios de la Procuraduría General de la República (PGR).
Violación a las garant´ías
Los perjudicados alegan que, con violación a las garantías que reconocen la Convención Americana de Derechos Humanos, el Congreso Nacional de Honduras creó un mecanismo Ad-hoc, dirigido a la destitución como autoridades judiciales, hecho que se concretó el 12 de diciembre de 2012.
"Nos encontramos realizando valoraciones en conjunto con las instituciones competentes: Congreso Nacional, Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos y el PGR, quienes en conjunto compareceremos ante la CIDH", señalo Molina.
En las fechas ya establecidas, la CIDH evacuará en una audiencia presencial del caso Gutiérrez-Navas y otros vs Honduras, relacionado con la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño, por la destitución de los magistrados que fue calificada como arbitraria e ilegal.
Caso apunta a nueva sentencia internacional
Juristas hondureños aseguran que con la destitución, se violentó el principio de legalidad por no haberles dado la oportunidad de ser oídos, y hacer una defensa adecuada y sin que mediara un procedimiento sancionatorio previo.
"La PGR tiene que aplicar el principio de repetición, para que estos funcionarios responsables, paguen con sus salarios y sus bienes, toda la indemnización económica que el Estado tiene que pagarles a los afectados", mencionó el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.
Los afectados promovieron un amparo contra su destitución, pero antes que se resolviera, se dispuso su sentencia fundamentada en la decisión de una sala especial, razón que presagia una condena para el Estado hondureño, y la obligación de indemnizar a las víctimas.
"Ojalá que se proceda a un acuerdo amistoso y conciliatorio, porque no veo qué puede alegar el Estado de Honduras para justificar un atropello al sistema democrático que no tiene explicación ni justificación alguna", mencionó el analista Raúl Pineda.
Los exmagistrados también alegan que la celeridad con la que actuó el Congreso Nacional, les impidió ejercer una defensa técnica y material más adecuada.
Además que ellos conocieron de su destitución cuando el Poder Ejecutivo ya había dictado la sentencia.
Vea también: RED-H pide respetar reglas y evitar crisis en elección de magistrados de la CSJ
