"Considero que realmente no ha estado en la agenda de Libre -partido de Gobierno- y, por lo tanto, no hemos visto que hayan hecho lo suficiente para poder cumplir con los requisitos para que la CICIH llegue al país", dijo a través de Radio HRN.

Julieta Castellanos aseguró que los diputados de Libertad y Refundación (Libre), que son mayoría y dirigen el Congreso Nacional, no han sido capaces de derogar y aprobar leyes que aparecen en el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15 de diciembre de 2022.

Ejemplificó la falta de aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que ya fue dictaminada, y la derogación de los decretos que constituyen pactos de impunidad, como el 116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, y que en esencia obstaculizan la operación de justicia en el país.

"Han tenido voceros importantes en el Gobierno en estos 14 meses, pero solo han estado planteando que va a venir (la CICIH). No obstante, los hechos hablan y uno de los temas importantes es que sus diputados (de Libre) no han logrado derogar y aprobar leyes", añadió.

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Libre, por su parte, asegura que el principal obstáculo para derogar normativas que fomentan la impunidad son los diputados que votaron por no renovar el convenio de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en su mayoría de los partidos Nacional y Liberal.

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Contrario a lo planteado por Julieta Castellanos, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, manifestó que la CICIH pronto "será un hecho".

"Aunque debemos aceptar que es algo que se ha prolongado y tiene sus diferentes etapas que implica a otros poderes del Estado, la llegada de la CICIH a Honduras es un hecho", declaró.

En febrero, el Gobierno envió sus observaciones a los términos de referencia del memorando de entendimiento, que posteriormente darán paso a la llegada de una misión de expertos de la ONU. Esta misión trabajará con una contraparte hondureña con miras a la elaboración del convenio final.

Pero desde el Congreso Nacional diputados opositores aseguran que, en el fondo, el Gobierno está buscando prolongar la venida del mecanismo anticorrupción.

Libre pretende elevar a rango constitucional a la CICIH, lo que requiere de 86 votos y de una ratificación legislativa, que se efectuaría en la legislatura que inicia el 25 de enero de 2024, con lo cual se descartaría su arribo durante 2023.

Cuando asumió la presidencia, Xiomara Castro prometió que abogaría ante la ONU por instalar una CICIH. Semanas después, el canciller Enrique Reina solicitó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que iniciara el proceso previo a la suscripción del memorando de entendimiento.

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