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El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Bolivia, Jorge Quino, informó el lunes (26.10.2020) que se dejó sin efecto la imputación y orden de aprehensión en contra del exgobernante Evo Morales, por delitos de sedición y terrorismo.
En declaraciones al canal Unitel Bolivia, Quino dijo que las autoridades judiciales declararon procedente un recurso de acción de libertad interpuesto por la defensa de Morales, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales del exmandatario, como el derecho a la defensa.
Morales estaba citado a una audiencia el martes 27 de octubre, no obstante, la defensa alegó que el expresidente no recibió ninguna citación ni notificación, que se habría hecho por edictos, acción que se realiza cuando no se conoce el domicilio del acusado y el mismo estaría dentro del país.
"Al señor expresidente se le habría citado mediante edictos, cuando en realidad los fiscales, hasta los medios de prensa, tenían conocimiento de que ya el señor estaba viviendo en Argentina", dijo Quino.
Añadió que el juez ha advertido "ese error que cometieron los fiscales que conocían el caso" y "ha dispuesto dejar sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión".
El fallo a favor de Evo Morales va a revisión al Tribunal Constitucional, no obstante, el efecto de la acción de libertad debe ser inmediata, indicó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia.
Denuncia contra Evo
La denuncia contra Morales fue presentada por el ministro del Interior del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, apenas días después del golpe de Estado en su contra, que forzó su salida de la Presidencia y del país.
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La Fiscalía de Bolivia emitió el 18 de diciembre de 2019 una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de supuestos delitos de "sedición y terrorismo". La denuncia contra Morales fue presentada por el ministro del Interior del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, días después del golpe de Estado en su contra, que forzó su salida de la presidencia y del país.
El expediente lo acusaba de coordinar un cerco a ciudades para dejarlas sin alimento durante el conflicto poselectoral.
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