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"Si esta Junta Directiva hiciera todo lo que se hacía antes, sería tan fácil aprobarlo todo, sería admirado y gran estadista. Hoy estarían estacionados los camiones con dinero en el Congreso Nacional y se repartirían en maletines para compras de votos estaba", indicó.
Además, aseguró que no deben continuar en sus cargos funcionarios que protegen la corrupción y la impunidad.
"Delitos como las excesos en la reelección, los fraudes electorales, el narcotráfico, entre otros. Por lo tanto, no pueden pretender que una persona que ha cometido graves delitos imprescriptibles a la Constitución dirija todas las investigaciones", agregó.
Además, expresó que "si él hiciera lo que se antes se hacía", "todavía se mantendría vigente la reelección presidencial, la ley de secretos, la hacienda pública privatizada, es decir, el dinero de todos nuestros impuestos en manos privadas".
De igual modo, señaló que los medios de comunicación han sido cómplices al ocultar información crucial, como el documento 554 emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, vinculado al proceso judicial que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), que detalla cómo diversas instituciones del gobierno estaban involucradas en proteger a narcotraficantes y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Sin consensos
Hasta este lunes, el Congreso Nacional acumula 53 días sin sesionar ante la falta de consensos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028.
El bloque opositor, compuesto por los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH), respalda a Marcio Cabañas como titular del Ministerio Público y a Jenny Almendares como fiscal general adjunta. Logran 74 votos.
El oficialista Libertad y Refundación (Libre) apoya a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto, pero solo ha conseguido el apoyo de 52 diputados.
Momentáneamente, Daniel Sibrián (fiscal general adjunto entre 2018 y 2023) dirige interinamente el Ministerio Público gracias a un fallo de constitucionalidad emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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