Sin embargo, el asesor del Gobierno, Gilberto Ríos, desmintió que los aparatos de inteligencia del Estado estén funcionando con fines político o que la presidenta Castro haya emitido una orden para activarlos y perseguir a la oposición política.

"Nadie los está desprestigiando. Como si el hecho de haber saqueado el país, haberse vinculado con el crimen organizado y que su máxima figura política de los últimos años esté en Estados Unidos judicializado por tráfico de cocaína no fuera motivo suficiente para desprestigiarse ellos mismos y provocar el rechazo de la ciudadanía", expresó.

Según el comunicado del Partido Nacional, se ha ha obtenido información de fuentes confiables que sugiere que Castro y Zelaya "han instrumentalizado a la DNII, parar preparar casos ficticios de supuesta corrupción contra connotados líderes de la oposición de Honduras".

En sus declaraciones, el partido denunció el presunto uso ilegal y antidemocrático de la DNII, una dependencia del Poder Ejecutivo, "para preparar perfiles de líderes de la oposición, vigilarlos en sus viviendas y preparar casos ficticios de supuestos actos reñidos con la ley".

El Partido Nacional afirmó que el objetivo del Gobierno es desacreditar a estos líderes de la oposición ante la ciudadanía y responsabilizarlos por la falta de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, estancada desde el 31 de agosto ante la falta de consenso entre el oficialismo y el bloque opositor compuesto por el propio partido Nacional y los partidos Liberal y Salvador de Honduras (PSH) para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto.

Además, los denunciantes anunciaron que han informado a diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos sobre esta situación, incluyendo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), con el objetivo de poner en conocimiento esta "trama fascista".

El Partido Nacional también hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Defensa para que no se presten a llevar a cabo persecuciones políticas y denuncien esta acción ilegal, "porque la misma justicia los puede alcanzar dentro de dos años, cuando el partido Libre sea derrotado estrepitosamente en las urnas".

En última instancia, el partido opositor acusó al Gobierno de recurrir a "métodos represivos practicados por sus homólogos de Cuba, Venezuela y Nicaragua" ante su "incapacidad y desesperación".

Estas acusaciones se suman a las tensiones políticas en Honduras, donde líderes del oficialismo, incluida la presidenta Xiomara Castro, han acusado al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), compuesto por los partidos Nacional y Salvador de Honduras (PSH), de "representar al narcotráfico y la corrupción".

El BOC fue creado en agosto pasado.

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