Cuando Roberto Herrera Cáceres (Puerto Cortés, 1943) finalizó sus estudios en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se le brindó, producto de sus sobresalientes calificaciones, la oportunidad de cursar un doctorado en Derecho Internacional en cualquier parte del mundo. Él, sin vacilar, escogió la Universidad de París.

"Quería someterme al nivel de exigencia de los franceses", dijo.

Y, aunque considera que le costó nivelar su formación a la de ellos, su tesis doctoral influyó en la sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, bajo la cual se reconocieron en 1992 los derechos de Honduras a los espacios marítimos del Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico.

Abogado, docente, diplomático, escritor, columnista y doctor en Derecho Internacional, este intelectual educado por connotados juristas franceses como Charles Rousseau o Suzanne Basdevant-Bastid e influenciado por pensadores como José Cecilio del Valle, Alexis de Tocqueville y Giovanni Sartori, entre otros, ha disfrutado la dicha de haber sido embajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Unión Europea (UE).

Y fue allí, frente al sistema de integración europeo, que se dio a la tarea de promover, entre dichos Estados, que la entrega de cooperación internacional para Honduras fuera regular. Lo logró.

"Honduras solamente era beneficiaria de ella en tiempos de desastres naturales", explic´´o.

En 2010 se hizo acreedor del Premio Nacional de Ciencias "José Cecilio del Valle" y, seis años más tarde, de la Orden de los Cinco Volcanes -en su grado de Gran Cruz- que le otorgó el Estado de Guatemala como reconocimiento a sus aportes a la democracia, la paz, la libertad y el desarrollo de Centroamérica.

Y es que fue el primer secretario general que tuvo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de 1993 a 1997, desde donde impulsó la creación de su Comité Consultivo (CC-SICA), algo que rememora como "el aseguramiento de la sociedad civil organizada de Centroamérica".

El también extitular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), entre 2014 y 2020, abrió las puertas de una de sus bibliotecas personales para atender a tunota.com y analizar, entre otros temas, el contexto electoral que atraviesa Honduras de cara a las elecciones del 28 de noviembre.

Pregunta: ¿Cómo explicar la violencia electoral?

Respuesta: La violencia es un instrumento ilícito en la política que se opone a la razón de ser de las elecciones, en democracia, que es obtener la libre, justa, auténtica y honesta expresión de la soberanía popular, por medio del voto individual y secreto, en un ambiente pluralista, de paz y solidaridad, de respeto a la dignidad humana para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a elegir y ser elegido, la libertad de opinión, libertad de prensa, de reunión, de circulación.

La violencia electoral es, en consecuencia, una expresión antidemocrática producto de opciones políticas ilícitas generadas por la falta de inducción en cultura democrática y de derechos humanos dentro de los partidos políticos o por su promoción como arma política legal y éticamente prohibida pero impactante, sin asumir las responsabilidades del eventual daño a la dignidad humana de las personas y a la consolidación democrática de Honduras.

P: Los casos más recientes, el asesinato de la candidata a diputada liberal Carolina Echeverría Haylock y el pleito en el sorteo electoral, ¿cómo dejan parada a nuestra democracia?

R: Por una parte, no parece estar aún comprobado que el lamentable caso de la abogada Echeverría sea atribuido a violencia electoral.

Por otra, el hecho de violencia durante el sorteo electoral, realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), revela el bajo nivel de cultura democrática y de respeto al Estado constitucional de Derecho por parte de candidatos, representantes políticos y dirigentes de partidos y la indolencia de toda la institucionalidad del Estado, comenzando con el CNE, en aspectos medulares de democracia y seguridad nacional y el funcionamientos profesional e independiente de las instituciones estatales.

P: ¿Qué tanta vulnerabilidad tienen los grupos minoritarios ante la violencia en el contexto electoral que atravesamos?

R: La que permiten las personas que dirigen los órganos correspondientes del Estado que, según nuestro Estado constitucional de Derecho, deben velar por la efectividad de los principios de igualdad jurídica, no discriminación e integración nacional.

Esto implica que los grupos minoritarios deban ser respetados y que el Estado, en primera instancia, además de proteger esos grupos, debe también adoptar medidas positivas a fin de garantizarles realmente el disfrute de sus derechos.

La Constitución, tratados internacionales y Ley Electoral fundamentan este deber. Cabe recordar, además, que un gobierno democrático es el de la mayoría con respeto de las minorías.

P: ¿La represión que existió en 2017 podría repetirse durante y después de las elecciones generales de noviembre?

R: En 2017, la represión fue poselectoral y podría repetirse en caso de no prevenirse las causas y agentes activos o de tolerancia de la confrontación y violencia.

P: ¿Qué se ha resuelto con respecto a las muertes por represión de 2017?

R: Al 31 de diciembre de 2017, el Conadeh había constatado el fallecimiento de 31 personas y un número indeterminado de lesionadas y agredidas.

Encontramos indicios racionales de delitos que, junto a dictámenes médicos y autopsias, trasladamos al Ministerio Público, al cual se solicitó la inmediata investigación técnico-científica, pronta y objetiva que llevase a los requerimientos fiscales correspondientes.

Se instó al fiscal general a informar sobre el estado de las actuaciones que el ente acusador realizara al respecto. Sin embargo, para el 31 de diciembre 2020, no se había aún recibido respuesta.

P: ¿Qué se deberá hacer para evitar episodios similares a los de 2017?

R: Es necesario prevenir, controlar (las acciones violentas) o aplicar el ordenamiento jurídico que responsabiliza a los dirigentes de partidos políticos y otros actores por la violencia electoral y sus resultados; asegurar la libertad y autenticidad de las elecciones.

De igual manera, el respeto al derecho de la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de circulación y el ejercicio de toda la ciudadanía de su derecho al voto y el respeto a la voluntad así expresada, así como facilitar oportuna y sistemáticamente el acceso a la información electoral y aceptar y contribuir con el resultados de las elecciones libres, honestas y transparentes.

En especial se debería verificar que, más allá de las apariencias, quienes dirigen los partidos políticos cumplan su deber de orientar en cultura democrática, participación ciudadana, derecho del voto y deber de respetar el derecho de los demás y explicar el significado democrático de la victoria o derrota en elecciones y la aceptación de los resultados, con ánimo participativo que fortalezca la gobernabilidad del Estado democrático real.

Asimismo, los partidos políticos deberán atender inexcusablemente sus deberes y prohibiciones, conforme a la Constitución y a la Ley Electoral, de abstenerse de promover, contribuir o tolerar la violencia electoral o su generación.

En ese sentido, las personas dirigentes y otras de los partidos tienen que respetar la independencia de todas las instituciones del Estado y abstenerse de dirigir instrucciones o influenciar a miembros partidarios o simpatizantes que han sido electos o electas para servir en ellas, en particular en los órganos electorales.

P: ¿Qué tipo de derechos humanos suelen ser violentados con mayor frecuencia en Honduras?

R: El análisis de sistema de quejas que llevamos durante nuestra estancia en el Conadeh incluía vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad, al derecho de petición, a la salud y a la educación.

Nos tocó atender, en alrededor de siete años, cerca de 65 mil quejas y solicitudes de personas amenazadas o que creían no ser tratadas con imparcialidad por la justicia.

En ese sentido, nos pedían que los acompañáramos a los tribunales, al Ministerio Público o a otras instancias del Estado.

P: ¿Considera que su gestión en el Conadeh rindió los frutos esperados?

R: Sí, la mejor prueba de ello es el reconocimiento internacional a nuestra independencia, pluralismo y cumplimiento de nuestras funciones de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

En noviembre del 2019, fui notificado del fin de la evaluación y de haberse otorgado la acreditación Clase A al Conadeh, por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Ginebra, Suiza.

P: Las migraciones irregulares constituyen uno de nuestros principales problemas, ¿qué aportes ha hecho al respecto?

R: Como embajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se me encomendó integrar el Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Internacional para evitar Nuevas Corrientes de Refugiados y los resultados de ese trabajo fueron antecedentes utilizados tanto en la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares como en el vigente Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Regular y Segura.

El tema de la migración también lo hemos trabajado mucho dentro del Conadeh. Un ejemplo de ello es haber generado la nueva concepción que ha sido adoptada por las instituciones nacionales de derechos humanos de todos los Estados miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el sentido de promover un tratamiento de dignidad humana para la migración, mediante la aplicación de conceptos de seguridad humana y de desarrollo sostenible.

• 

• 

• 

P: ¿Cómo puede resolverse el problema de las migraciones?

R: Por medio de ese enfoque que, como Honduras, hemos logrado que se reconozca a nivel internacional y, asimismo, planteando directa y documentadamente nuestra necesidad de apoyo a los Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional.

Hay que documentar adecuadamente las causas estructurales de la migración bajo una integral conceptualización y presentar la situación de los migrantes actuales que se encuentran en movilización por los países de tránsito y la situación de nuestros migrantes en los países de destino.

Con ello, buscamos una solución integral y progresiva para todos los problemas de nuestros compatriotas migrantes, hombres, mujeres y sus familias para, así, pensar también en compromisos internacionales para una migración internacional ordenada, regular y segura.

P: ¿Han recibido el respaldo del gobierno?

R: Bueno, como ombudsman, recomendé en informes y planteamientos al Estado la solución de esos problemas con indicación de medios, alcances y verificación de resultados.

Para ello, además de nuestros estudios y análisis, contamos con experiencias únicas, por ejemplo, siendo ombudsman, me fui con mi equipo de trabajo a acompañar a las caravanas de migrantes, circulamos por los distintos lugares donde iban ellos, en Guatemala y en México, y hablamos con los niños y los adultos migrantes. Trabajamos directamente con muchos de ellos.

A pesar de lo anterior, el Estado aún no ha seguido nuestras recomendaciones. Se les envió al menos tres informes especiales y se resumió en los informes anuales al Congreso Nacional que convoque a los poderes Ejecutivo y Judicial, y se les hizo público para toda la sociedad siempre el tema de las migraciones internacionales.

P: ¿Y por los desplazados internos qué se ha hecho?

R: Sí, también están los desplazamientos internos. Son centenares de personas que hemos tenido que atender como forzadas a movilizarse a otros lugares diferentes a su residencia habitual o de trabajo por amenazas a sus vidas o las de sus familias, de las cuales muchas después se convierten en migrantes forzados.

Son personas y familias en condiciones de alta vulnerabilidad, una realidad bastante dolorosa. Y, por temor a poner en riesgo sus vidas, no podemos revelar sus identidades, ni dónde son reubicados. También impulsamos en 2019 un proyecto de ley sobre el desplazamiento forzado interno que aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional.

P: ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

R: Fíjese que las causas coinciden bastante con las de la migración forzada, en muchos casos existen amenazas de violencia contra uno o varios miembros de la familia, extorsión, reclutamiento contra niños y adolescentes para llevar a cabo distintas actividades delictivas. También existen causas motivadas por miembros de las propias familias que amenazan con violencia o, en menor medida, por grandes proyectos que obligan a las personas a migrar. Eso nos da la idea de lo que podría ocurrir con las famosas ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo).

P: Volvamos al origen y al principio, doctor… ¿dónde nació?

R: Nací en Puerto Cortés, donde viví únicamente durante el tiempo en que cursé la escuela primaria. La secundaria la realicé aquí, en el Instituto San Francisco, una parte, y en el Instituto La Salle de San Pedro Sula, la otra. Posteriormente pasé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y desde entonces he residido en la capital del país.

P: ¿Y sus padres quiénes fueron?

R: Mi padre fue Julio Herrera y mi madre Graciela Cáceres. Ella era hija de Vicente Cáceres, exdirector del Instituto Central, que hoy lleva su nombre. Mi papá fue microempresario y mi mamá, docente, fue directora de escuelas durante muchos años. Tuve tres hermanos, de los cuales dos ya fallecieron y el que todavía vive reside en el extranjero.

P: ¿Su mamá, al ser docente, era exigente con sus estudios?

R: En realidad ella era bastante comprensiva, trabajaba mucho con niños e incluso los llevaba a nuestra casa los fines de semana. Le diré que nunca tuvimos una exigencia especial, eso sí, ella cuidó que mi educación comenzara antes, pues lo habitual era esperar a que el niño cumpliera siete años para que arrancara sus estudios.

P: ¿Fue un estudiante aplicado?

R: Sí. Mi formación me dio cierta autonomía en el sentido de comprender el significado y la finalidad del estudio. Durante la escuela, el colegio y el bachillerato obtuve las notas más altas, así como premios en todos los grados y en mi graduación. En ese periodo, además, se fecundó en mí un interés profundo por la lectura y la investigación.

P: Sé que ha publicado 23 libros… pero, ¿cuántos otros ha leído?

R: Entre 23 libros y más de 100 ensayos publicados, creo que nunca había hecho ese cálculo (sonríe), pero podrían ser algunos 300 como mínimo. Una parte de mi formación se dio en Europa, donde tuve la oportunidad de aprender en realizar investigación científica durante mis estudios, invirtiendo tres veces más de tiempo que un europeo, pues mi formación necesitaba nivelarse a la de ellos. Yo a veces pasaba hasta 15 o 16 horas no solamente en el estudio, sino también en la investigación en las bibliotecas.

P: ¿Qué es lo que más lee?

R: Trabajo bastante con todas las áreas del derecho internacional, partiendo desde un enfoque político y científico, y leo bastante acerca de cómo debe funcionar el Estado, hacia dónde debe llegar y cómo robustecerlo o fortalecerlo, incluyendo sus relaciones internacionales.

Aquí, en mi casa, hay tres bibliotecas. Una grande, otra pequeña y esta mediana donde nos encontramos en este momento. Acá tengo, por ejemplo, más de 30 libros biográficos de los políticos que han tenido mayor prestigio en la historia, también hay bastante material de consulta en Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho de Integración y Derecho de Mar, que es otra de mis especialidades.

De igual modo, he tenido, desde que era niño, un interés muy marcado por conocer la biografía de los políticos más prestigiados en la historia. En ese sentido, he estudiado también, entre otras, la obra de José Cecilio del Valle, así como la presencia histórica de Francisco Morazán y de José Trinidad Cabañas.

P: ¿Qué lo llevó a decidirse por el estudio del Derecho?

R: Desde mi juventud se observaban problemas de vida y ejercicio de derechos para muchas personas en el país, sentía que era una deuda que tenía Honduras con ellas, por lo que pensé en el Derecho como el mejor instrumento para contribuir a defender a la gente que lo necesitase. Incluso mi tesis de secundaria fue sobre la justicia social, ya era un tema que me interesaba.

Sin embargo, mis padres, al ver que yo era un estudiante aplicado, habían pensado que mi vocación podría ser mejor para el estudio de la medicina. Le comento que llegué a decidir prepararme para ser médico, pero luego mi padre enfermó y murió. Fue, en ese momento, que opté por estudiar Derecho, lo que había pensado y deseado desde un inicio.

P: ¿Y por el Derecho Internacional en qué momento se decantó?

R: Primero había pensado en el Derecho Penal, pero cuando hice mi práctica profesional en los juzgados me encontré con que la impartición de justicia en lo penal ya estaba un tanto contaminada, ya existía corrupción en los tribunales. Por eso, cuando terminé mi práctica, opté por Derecho Internacional, teniendo presente que éste también era un instrumento para defender al pueblo.

P: ¿Le decepciona la carencia de justicia que idealizó desde que era joven?

R: Yo siempre he creído en la justicia y en los tribunales de justicia. El problema de la impartición de justicia es producto del mal funcionamiento del Estado por las actitudes y comportamientos indebidos de quienes los dirigen. La corrupción está presente en casi todos los ámbitos e inclusive en las empresas y en la sociedad en general. El problema, entonces, no radica en las instituciones. Las instituciones no fallan, son las personas que las dirigen e integran quienes lo hacen.

Por tal motivo, las personas somos individualmente responsables del mal funcionamiento de la sociedad y del Estado. Un funcionario, empleado, político, empresario o profesional corrupto procede siempre de una familia y de una comunidad, es ahí donde está la falla estructural y es donde debemos iniciar la transformación de nuestras sociedades y Estados.

Las familias hondureñas deben despertar y repensar en la educación primaria que, en el hogar, deben dar a sus hijos e hijas, de respeto mutuo, solidaridad familiar y de buen comportamiento solidario también por el bien común, en su comunidad.

P: ¿Cómo surgió la posibilidad de estudiar su doctorado en el extranjero?

R: Fíjese que en la universidad también fui uno de los estudiantes con el mejor promedio en mi promoción. El ya extinto ministro de Relaciones Exteriores, Esteban Mendoza, dejó una beca que se otorgaría a uno de los mejores estudiantes de la UNAH que optase por realizar estudios de doctorado en Derecho Internacional.

De esa forma, se me dio la opción de estudiar en cualquier parte del mundo y yo me decidí por París.

P: Hábleme de esos años en la tierra de Rousseau y Descartes, doctor…

R: Yo escogí Francia porque sabía que era, junto a Londres, uno de los lugares donde los estudios eran más serios y exigentes. Quería someterme a ese alto nivel de exigencia.

Estudié en la Universidad de París. Fueron largas horas de estudio que, inclusive, no me permitieron tener vacaciones. Recuerdo que me quedaba en las bibliotecas ese tiempo pero, gracias a esa disciplina y determinación, logré concluir mis estudios y presentar mi tesis.

P: ¿De qué trató su tesis doctoral?

R: Fue acerca de uno de los principales problemas que tenía Honduras, que era el de las islas y los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca. Después de haber realizado una visita de constatación de la realidad actual en el Golfo de Fonseca hasta su bocana y sus aguas exteriores, terminé mis estudios científicos en 1973.

En mi tesis abordé no solamente nuestros derechos en el interior del golfo, sino que, en particular, la situación que aún no estaba visibilizada ni mucho menos estudiada, por lo cual mi tesis se enfocó prioritariamente en demostrar, ante la comunidad internacional, que Honduras tiene derecho a espacios marítimos más allá de la bocana que prolonga su territorio en el Océano Pacifico, a saber: zona de mar territorial, una Zona Económica Exclusiva, una plataforma continental y una situación prioritaria en el acceso a las zonas de fondos marinos u oceánicos situados más allá de la jurisdicción nacional.

Ese estudio tuvo mucha influencia en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconoció los derechos de Honduras a esos espacios marítimos.

P: ¿Y acerca de su carrera diplomática qué me puede contar?

R: A mí me designaron como embajador ante la Unión Europea (UE) en un momento en que era profesor de la UNAH donde impartía clases como Derecho de los Tratados y Organizaciones Internacionales, Derecho de la Integración, Derecho Constitucional y Derecho Diplomático. También escribía para tres periódicos de la época, Tiempo, El Cronista y El Día, acerca de situaciones nacionales e internacionales, por lo que era conocido dentro de la sociedad hondureña.

De esa forma, se me ofreció y luego nombró el cargo de embajador ante la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Fue un llamado inesperado de un gobierno militar por cuanto yo tenía una posición en el sentido del retorno a la democracia y a la constitucionalidad. Recuerdo que me pregunté: "Bueno, ¿continúo en esto o verifico mi efectividad sobre lo que enseño?"

Fue así que quise hacer algo por mi país y, tras consultar con mi familia, tomé la decisión. Era un reto importante, pues se trataba de inaugurar una embajada que no estaba instalada físicamente en Bruselas, Bélgica y de lograr cooperación internacional para mi país.

Allí, siendo representante de Honduras ante la UE, también fui simultáneamente embajador ante Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

P: ¿Qué consiguió durante esa etapa?

R: Como mencioné anteriormente, en ese momento Honduras solamente era beneficiada por cooperación internacional en tiempos de desastres naturales. Entonces mi primer propósito fue gestionar cooperación internacional anual y regular por parte de la UE, lo cual fundamenté sobre la base del excepcional Plan Nacional de Desarrollo, en el que tuvimos que documentar la importancia que tenía para Honduras ser beneficiaria de la cooperación internacional.

Planteé, en ese sentido, la fundamentación que tenía Honduras para captarla y utilizarla eficazmente. Lo logré.

P: Leí en su hoja de vida que fue el primer secretario general del SICA, ¿correcto?

R: En efecto. El Protocolo de Tegucigalpa de Reforma a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que creó, en su lugar, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue firmado el 13 de diciembre de 1991. En este año cumple 30 años de vigencia. Los presidentes de la región me eligieron en 1992 como presidente de la Comisión Preparatoria de la entrada en Funcionamiento del SICA y luego fui honrado con la elección, en cumbre presidencial, como primer secretario general del SICA, en el periodo de 1993 a 1997.

En ese entonces, como sigue aconteciendo muchas veces en la actualidad, los presidentes centroamericanos pretendían actuar, digámoslo de esta forma, muy a su propia voluntad en algunos importantes casos, alejándose de los compromisos integracionistas.

Ante ello, en ejercicio de mi independencia como secretario general y mi deber de velar por el cumplimiento de todo el orden jurídico de la integración centroamericana, yo presentaba, ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), solicitudes de opiniones consultivas que fueron siempre resueltas favorablemente.

En otros casos, actuaba de oficio en lo que me correspondía expresamente. Un ejemplo de ello es el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA), es decir, el aseguramiento de la sociedad civil organizada de Centroamérica.

En ese momento había personas que no creían en la sociedad civil y que desconfiaban de un órgano integracionista novedoso que aseguraba la participación activa de académicos, obreros, empresarios y otros. Ello no era visto con mucha simpatía, especialmente en lo que hoy se llama el Triángulo Norte (de Centroamérica), por lo que me desplacé con mi equipo de trabajo a Costa Rica y desde allá convoqué a la reunión y establecí el CC-SICA.

Al final de mi gestión, recibí distintos reconocimientos por los frutos de mi ejercicio independiente. Más recientemente, en 2016, el Estado de Guatemala, cuyo gobierno era presidido por el entonces presidente Alejandro Maldonado, me otorgó la Orden de los Cinco Volcanes en el grado de Gran Cruz, la más alta condecoración por servicios prestados a la paz, al desarrollo y al progreso de Centroamérica.