El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, expresó a tunota.com que podrían decidir acompañar la iniciativa de convocar una sesión extraordinaria si el oficialismo no cumple con su compromiso.
"Lo que sí podemos decir es que, si el 17 de octubre no hay sesión, vamos a reunirnos para convocar a sesiones extraordinarias", expresó Segura a este medio digital.
El jefe de bancada de los liberales además negó la existencia de un acuerdo para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del período 2028-2023.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó este viernes a tunota.com que la posibilidad de convocar a esta sesión extraordinaria, en caso de que "Libre siga sin llamarnos a sesión", sigue en pie.
"Por supuesto, si Libre no convoca a sesiones el martes, vamos a hacerlo. Ya le presentamos nuestras 43 firmas al PSH y ahora solo depende de que el Partido Liberal tome la decisión de acompañarnos", dijo Zambrano, quien subrayó que el objetivo es retomar la agenda legislativa tras más de 40 días sin sesiones.
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Por su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, indicó este día a tunota.com: "Esa decisión la tomaremos en sesión de bancada el 17 de octubre".
La facultad de convocar sesiones extraordinarias está respaldada por el artículo 190 de la Constitución de la República y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Según estos artículos, el Congreso Nacional puede convocar sesiones extraordinarias "cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros" para tratar temas específicos.
Si finalmente el Partido Liberal, con sus 22 diputados, se suma al Partido Nacional, con 44 votos, y el Partido Salvador de Honduras (PSH) acepta, con 9 votos, sumarían 75 votos, superando los 65 necesarios para convocar una sesión extraordinaria.
Redondo prometió sesión el próximo martes
A pesar de lo anterior, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció el pasado 25 de septiembre que, en caso de no contar con los votos necesarios para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, propondría la derogación del fuero contenido en el decreto 117-2019.
Este decreto establece que la función legislativa es "inviolable e indelegable", lo que impide que los diputados enfrenten responsabilidad penal, civil o administrativa por sus acciones en el ejercicio de esta función.
La derogación permitiría que los diputados sean responsabilizados legalmente por la aprobación o derogación de leyes que causen perjuicio al Estado hondureño.
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Hasta el momento, solo los partidos Libre y PSH han expresado su voluntad de derogar este precepto. Se requieren 65 votos para la derogación.
Según Redondo, la sesión plenaria del martes 17 de octubre abordará la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, un tema que ha paralizado las sesiones legislativas desde el 31 de agosto y, a más de 40 días sin sesiones legislativa, la falta de consensos persiste.
Cómo están las posturas
La última vez que se sesionó, el PSH propuso a los fiscales de carrera Marcio Cabañas y Jenny Almendares, obteniendo 74 votos, mientras que la propuesta de Libre, con Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal general adjunto, solo consiguió 52 votos.
El bloque opositor, según fuentes consultadas por tunota.com en los tres partidos que lo integran, mantiene firme su propuesta.
Libertad y Refundación (Libre) no descarta la posibilidad de cambiar su propuesta, sacando a Johel Zelaya y presentando a Mario Morazán, actual secretario general de la Procuraduría General de la República (PGR), como fiscal general.
La nómina de mejor evaluados incluye a Marcio Cabañas (Liberal), Johel Zelaya (Liberal-Libre), Pablo Reyes (Nacionalista), Mario Morazán (Libre) y la candidata independiente Jenny Almendares.
Daniel Sibrián, fiscal general adjunto entre 2018 y 2023, ejerce interinamente como fiscal general desde el 1 de septiembre debido a la vacancia definitiva de Óscar Chinchilla.
Redondo alega que Sibrián ejerce ilegalmente, aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo permite que, en caso de que un funcionario electo por el Congreso no haya vacado, los funcionarios electos por el Congreso una vez terminado el periodo para el cual fueron escogidos pueden continuar en sus puestos hasta que se nombren a sus sustitutos.
El interinato de Sibrián también se sostiene debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
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