En marzo de 2020, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, interpuso un recurso de Habeas Corpus de Exhibición Personal y Habeas Corpus Correctivo ante la Sala de lo Constitucional, en contra del Juez de Extradición de Primera Instancia, asignado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras.
El motivo: la decisión de mantenerlo bajo arresto preventivo mientras se completaban los procesos judiciales en su contra, a pesar de que le otorgaron medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva.
Para Urbina Soto, esto representó una clara violación a sus derechos, calificando su detención como un castigo anticipado y arbitrario.
Según su defensa, desde Honduras comenzó a pagar una condena no oficial, y por ello, cuando se extraditó, solicitó que este tiempo se tome en cuenta en el juicio actual en Nueva York.
Una prisión prolongada y sin justificación
Urbina Soto en Honduras se le acusó de una larga lista de delitos, incluyendo 67 cargos por abuso de autoridad y 124 por malversación de caudales públicos, además de lavado de activos, posesión de armas prohibidas y encubrimiento por receptación.
A pesar de que en estas causas se le dictaron medidas sustitutivas como arresto domiciliario y prohibición de salida del país, el Juez de Extradición mantuvo su arresto preventivo.
Para el exalcalde, esto significó una violación de los acuerdos establecidos tanto en la ley hondureña como en los tratados de extradición suscritos entre Honduras y Estados Unidos.
El impacto de las condiciones carcelarias
Durante su detención en Honduras, Urbina Soto también denunció las condiciones inhumanas a las que lo sometieron.
En un escrito, el exalcalde expresó que se le había privado de acceso a medicamentos, comida proporcionada por su familia e, incluso, del contacto con sus hijos.
“Mi situación de vulnerabilidad se vuelve extrema”, señaló Urbina en su denuncia contra el Instituto Nacional Penitenciario.
Un arresto sin sustento legal
La defensa de Urbina insistió en que su detención preventiva fue una medida fuera del marco legal.
Según los tratados de extradición entre Honduras y Estados Unidos, así como el Convenio de Montevideo de 1933, una vez que un Estado aprueba la extradición de un individuo, la entrega debe posponerse si existen procesos judiciales en curso.
Sin embargo, la figura del arresto preventivo que se le aplicó a Urbina, según su alegato, no está contemplada en ninguno de los tratados ni en la legislación interna de Honduras.
“Es una pena anticipada, arbitraria e ilegal”, sostuvo Urbina en sus denuncias antes de la extradición a Estados Unidos.
Petición en NY
Su lucha legal continúa, y ahora, desde Nueva York, busca que se reconozca el tiempo que pasó en prisión en su país como parte de la pena que enfrenta en Estados Unidos.
Mientras, los defensores de Arnaldo Urbina en Estados Unidos aseguran que por el tiempo de detención que cumplió en Honduras, debe considerarse en su sentencia.
La pregunta que surge es si este tiempo se reconocerá como parte de su castigo en EE.UU. o si continuará pagando por lo que considera un exceso judicial que marcó su paso por las cárceles hondureñas.
