El magistrado Jorge Gustavo Medina Rodríguez asumió este lunes 3 de marzo la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relevando en el cargo a la magistrada Itzel Anai Palacios Siwady.

La rotación se oficializó en la Sesión de Pleno Administrativo No. 02, celebrada el 28 de febrero de 2025, con el punto único de agenda de la rotación de la Presidencia y la aprobación del acta.

Durante la sesión, la magistrada Palacios entregó los sellos de titularidad del TSC a Jorge Medina, quien desempeñará la presidencia por un período de un año, según lo estipulado en la Ley Orgánica del TSC.

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El Tribunal Superior de Cuentas está conformado por tres magistrados: Itzel Anai Palacios Siwady, Jorge Gustavo Medina Rodríguez y Ricardo Alfredo Montes Nájera.

Todos fueron nombrados por el Congreso Nacional para un período de siete años. La Ley Orgánica del TSC establece que la presidencia debe rotar anualmente entre los magistrados en el orden de su elección.

Jorge Gustavo Medina
Jorge Gustavo Medina firmando. Foto: TSC.

El período de Jorge Gustavo Medina Rodríguez concluirá el 28 de febrero de 2026, cuando el magistrado Ricardo Alfredo Montes asumirá la presidencia del TSC.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos. Su función principal es fiscalizar y auditar la gestión de los bienes y recursos del Estado, con el objetivo de garantizar la transparencia y prevenir la corrupción.

¿Cuáles son las funciones principales del TSC?

  • Auditoría y fiscalización: Supervisa el uso de los fondos públicos en instituciones estatales, municipales y entidades descentralizadas.
  • Investigación y sanción: Puede determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales por el mal manejo de recursos públicos.
  • Promoción de la transparencia: Impulsa medidas para fortalecer la rendición de cuentas en la gestión pública.
  • Supervisión de declaraciones patrimoniales: Exige y revisa las declaraciones de bienes de los funcionarios y empleados públicos para evitar el enriquecimiento ilícito.