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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, convocó para el próximo viernes 20 de septiembre al Pleno de magistrados (15) para tratar el tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Mediante una convocatoria, el Poder Judicial informó que la reunión está programada para las 8:30 a.m. en salón de sesiones del Pleno en el edificio principal de la presidencia de ese Poder del Estado.
Asimismo, el documento detalló que los puntos a tratar son los asuntos jurisdiccionales de las ZEDE y amnistías.
En agosto pasado, la Sala Constitucional de la CSJ indicó que, tras no lograr la unanimidad de sus miembros para emitir un fallo definitivo en relación con las ZEDE, será el pleno de magistrados el que deberá pronunciarse sobre el proyecto presentado.
Estos proyectos están vinculados a la reforma de la Constitución de la República y a la Ley Orgánica que da vida a las ZEDE.
El comunicado aclaró que hasta la fecha no existe un fallo definitivo sobre estos temas. "Será el Pleno de los 15 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia el que deberá pronunciarse sobre el proyecto presentado", detalla el texto.
Asimismo, se subraya que la discusión y análisis del tema aún están en curso, por lo que no hay una publicación jurídica oficial respecto al asunto.
La Sala Constitucional declaró el 8 de agosto con lugar el recurso presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en contra de las ZEDE.
ZEDE en Honduras
En abril de 2022 el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos, se realizó a través de la aprobación de dos decretos: el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022.
El primer decreto pretende derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE, sin embargo, por ley constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia.
En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.