Durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas, Castro señaló que, a pesar de las denuncias realizadas por el ahora partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), la comunidad internacional mayoritariamente "apoyó a la narcodictadura", ignorando las advertencias.
La mandataria reiteró su compromiso de desmantelar la organización criminal que aún opera en el país, creada "por las cabezas condenadas en el extranjero".
"Asesinaron, traficaron, sobornaron y, a partir de ahí, empresarios y políticos aprobaron contratos y concesiones onerosas, y a eso le llamaron Estado de derecho y principio de legitimidad. Lavaron dineros, se enriquecieron ilícitamente valiéndose del Estado. La mayor parte de estos delitos continúan impunes", manifestó Castro en su comparecencia.
En ese contexto, la presidenta enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CJS) actúen con total independencia frente a aquellos que "traicionaron la patria y cometieron delitos graves", incluida la venta de territorio a través de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la sentencia que permitió la reelección de Hernández en 2017.
"Los criminales deben ser investigados, sometidos a un juicio público y condenados con todo el peso de la ley. No hay excusas. Se debe actuar implacablemente contra el crimen", sentenció Castro.
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Juicio contra JOH
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández el 14 de febrero de 2022. Tras su arresto al día siguiente, fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril del mismo año.
Hernández se declaró inocente de los cargos imputados y fue llevado a juicio con jurado el 20 de febrero de 2024, concluyendo con un veredicto de culpabilidad el 8 de marzo de 2024. La audiencia de sentencia, programada por el juez Kevin Castel, está prevista para el 26 de junio de 2024.
Los cargos que resultaron en la culpabilidad de Hernández incluyen conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como el uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con dicha conspiración. Las condenas asociadas abarcan penas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Entre los mencionados por los testitgos en el juicio se encuentran Porfirio Lobo Sosa, Manuel Zelaya Rosales, Arnaldo Urbina Soto, Fabio Lobo, Hugo Ardón, Hilda Hernández, Óscar Nájera, Humberto Palacios Moya, Julián Pacheco.
También, Mario Cálix, Miguel Pastor, Reynaldo Ekónomo, Fredy Nájera, Mauricio Villeda, Leopoldo Crivelli, Héctor Manuel Zelaya Castro, Juan Carlos "Tigre" Bonilla, Juan Manuel Ávila Meza, Ramón Adalberto Martínez Hernández, Óscar Ramírez, Julio César Barahona y Fuad Jarufe.
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