El Congreso Nacional está a la espera de que la Secretaría de Finanzas dé el visto bueno sobre el proyecto del presupuesto especial electoral para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), mejor conocida como Unidad de Política Limpia (UPL).
Fue el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, quien detalló que tras recibir la propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 20 de noviembre, lo trasladaron a la Comisión de Presupuestos y luego a Finanzas.
"Se transmitió a la Comisión de Presupuestos y esta a su vez solicitó la opinión a la Secretaría de Finanzas, como lo ordena la ley", manifestó el directivo.
Agregó que "estamos esperando que Finanzas envíe su opinión y sobre esa base vamos a aprobar sin ninguna duda el presupuesto de la Unidad de la Política Limpia".
Noé Pino dijo que están esperando que entre hoy y mañana les llegue el informe de la Secretaría de Finanzas para aprobar el presupuesto, que supera los 110 millones de lempiras.
"Sabemos que la Unidad de Política Limpia necesita planificar las actividades para finales de este año y para el próximo, así que esperamos que en el más corto tiempo posible podamos aprobar el presupuesto", agregó el legislador.
Diferentes sectores han expresado su preocupación por el retraso en la aprobación del presupuesto para las elecciones de 2025, sobre todo en los magistrados de la UPL, quienes han hecho llamados reiterados para que se aprueben los fondos.
Unidad de Política Limpia
La Unidad de Política Limpia es un órgano en Honduras encargado de supervisar y fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas y actividades electorales.
Su propósito es garantizar la transparencia, prevenir el uso de fondos ilícitos y promover la equidad en los procesos electorales. La Unidad asegura que los partidos políticos, candidatos y movimientos cumplan con las normas establecidas para el manejo de recursos financieros.
Fue creada mediante la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, aprobada en 2016. Comenzó a operar oficialmente en las elecciones generales de 2017, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en el país.
