El 2 de septiembre de 2025, en una corte federal de Miami, iniciará un juicio que podría dejar al descubierto uno de los esquemas de sobornos más escandalosos que involucra a funcionarios públicos hondureños del fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.
El proceso penal contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, exdirector de la empresa Atlanco, se extenderá por al menos once días.
Se prevé que nueve días se dediquen a la presentación del caso por parte del gobierno de Estados Unidos y entre uno o dos días a la defensa.
Durante ese periodo, la Fiscalía intentará demostrar que Zaglin y sus socios pagaron más de dos millones de dólares en sobornos para asegurar contratos millonarios con la Tasa de Seguridad Poblacional.
Este es un fideicomiso del gobierno de Honduras encargado de dotar de bienes a la Policía Nacional.
Los testigos de la trama del "Tasón"
Una de las figuras clave será Luis Berkman, exvicepresidente de Atlanco, quien testificará sobre su participación directa en el esquema de sobornos junto a Zaglin en la Tasa de Seguridad, conocida también como el "Tasón".
Su testimonio será crucial para evidenciar cómo se gestionaron pagos disfrazados como honorarios de intermediación al colombiano Aldo Marchena, plenamente consciente de que ese dinero se utilizaría para pagar a funcionarios hondureños.
Berkman también expondrá su conocimiento de las acciones de otros miembros de la conspiración y la forma en que se coordinaron los pagos ilegales.
La Fiscalía prevé presentar, a través de él, correos electrónicos, fotos, registros comerciales y otras comunicaciones electrónicas que serán usadas como declaraciones admisibles del acusado.
Además de Berkman, se espera la participación de al menos 17 testigos, entre ellos:
- Scott Haygood, exCFO de Atlanco, quien cuestionó internamente los pagos a Marchena.
- Bryan Berkman y Loren Simpson, exempleados de TPG vinculados al esquema.
- Francisco Cosenza, exdirector del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, quien ya se declaró culpable de recibir sobornos.
- Gabriela Salgado, exfuncionaria del comité técnico de la Tasa de Seguridad.
- Juan Ramón Molina Rodríguez, firmante de contratos y receptor de pagos a través de la empresa Sky Max Leasing, también declarado culpable.
- Agentes del Departamento de Seguridad Nacional y el profesor Keith Rosenn, quien explicará las leyes hondureñas relacionadas al caso.
Las pruebas que buscan hundir a Zaglin
Para sostener la acusación, la Fiscalía presentará grabaciones de audio subtituladas, documentos traducidos al inglés, esquemas visuales, correos electrónicos y resúmenes financieros elaborados conforme a la Regla 1006 del Código de Evidencia Federal.
Parte de esta documentación vincula directamente a Zaglin con la creación de contratos ficticios de corretaje utilizados para canalizar los pagos ilegales.
El gobierno estadounidense acusa a Zaglin de tres cargos:
Sus coacusados, Marchena, Cosenza y Molina, se declararon culpables y cooperan con la Fiscalía.
Las sentencias para ellos están programadas entre octubre y noviembre de 2025.
Una red que usó la seguridad como fachada
Según la acusación, Atlanco se benefició de contratos otorgados por el fideicomiso entre 2015 y 2016, y buscó extender ese negocio en 2019.
Pero detrás de cada adjudicación había pagos ilegales que distorsionaron el proceso de contratación pública en Honduras.
Lo que debía ser una herramienta para fortalecer la seguridad del país, se convirtió en una red para enriquecimiento ilícito, con sobornos que fluyeron a través de empresas pantalla y correos cifrados.
El juicio buscará dejar claro cómo se pactaron, ejecutaron y ocultaron esos pagos que hoy comprometen no solo a empresarios y lavadores, sino también a exfuncionarios hondureños que debían velar por el uso correcto de los fondos públicos.
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La justicia busca ponerle precio a la corrupción
Durante once días, la Fiscalía trazará la ruta de los sobornos que contaminaron la contratación pública en nombre de la seguridad.
El juicio a Carl Zaglin es más que la evaluación de una conducta empresarial ilícita: es el retrato crudo de cómo el dinero y la impunidad tejieron pactos detrás de uniformes que hoy, más que proteger, destapan verdades incómodas.
