Francisco Roberto Cosenza, a través de su abogado, solicitó al juez Jonathan Goodman de la Corte del Distrito Sur de Florida una orden para establecer una fianza de garantía personal de $1 millón, equivalente a 24.7 millones de lempiras.
La petición se fundamenta en el deterioro de salud que enfrenta Cosenza, respaldada por su primo, identificado como Rolando Santiago, un abogado que ofreció cuatro propiedades en el estado de Florida que exceden el valor de la fianza requerida.
Cosenza fue capturado en Honduras el 8 de enero de 2024 y el 5 de abril compareció inicialmente en este caso y se le decretó la prisión preventiva con derecho a revisión. Desde entonces, ha estado detenido en el Centro Federal de Detención de Miami.
Después de considerar los argumentos presentados, el Juez Goodman ordenó el 2 de julio de 2024 la liberación del hondureño.
La fianza
El primo de Francisco Cosenza aceptó actuar como cofirmante. Según refieren los documentos de la Corte, "es miembro acreditado del Colegio de Abogados de Florida (Fla. Bar. No. 557471) y posee activos inmobiliarios con un patrimonio total superior al millón de dólares.
"Esto lo convierte en un aval adecuado", dice la Corte. Además, el señor Santiago se compromete a no gravar adicionalmente los bienes inmuebles mientras dure este caso.
En el caso de que el Cosenza sea liberado bajo fianza, informó que residirá en una casa alquilada por el primo ubicada en Plains Drive, Riverview Florida.
Salud deteriorada
Cosenza enfrenta serios problemas de salud que requieren atención urgente. Tras un trasplante de riñón en 2010, necesita medicación regular, además de padecer diabetes tipo I, presión arterial alta y haber sufrido accidentes cerebrovasculares recientes en 2020 y 2023.
Además, el escrito informa que en la prisión ha experimentado dificultades para recibir su tratamiento médico adecuadamente, lo que ha resultado en complicaciones graves, como retención de líquidos y caídas.
El caso
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Carl Alan Zaglin, un empresario del sector de fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas, supuestamente sobornó a Francisco Cosenza y otros funcionarios del gobierno de Honduras durante la gestión de Juan Orlando Hernández.
El propósito de estos sobornos era asegurar contratos con la Tasa de Seguridad por un valor superior a los $10 millones.
A cambio de los pagos de cohecho, Cosenza y otros funcionarios presuntamente facilitaron a Zaglin, Aldo Néstor Marchena y otros individuos la obtención de contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional de Honduras, así como garantizar el pago de dichos contratos.
Para ocultar los pagos ilegales, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros implicados presuntamente utilizaron cuentas bancarias y empresas pantalla en los Estados Unidos y Belice para blanquear las ganancias obtenidas mediante este esquema corrupto.
Según la acusación formal, los conspiradores transfirieron más de $166,000 a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.
Zaglin, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por estos actos, pagó una fianza de $1.1 millones de dólares para defenderse en libertad mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.
Francisco Cosenza es uno de los tres acusados por la Fiscalía estadounidense de formar parte de una trama de sobornos para asegurar contratos con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
