Han pasado catorce meses desde que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto Legislativo 18-2024. La norma nació con una intención clara: la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras y otras zonas naturales afectadas por la minería.
Sin embargo, desde entonces, la restauración sigue siendo una promesa no cumplida. En las comunidades del municipio de Tocoa, departamento de Colón, la frustración crece.
Quienes vivieron por años las consecuencias de la actividad minera ven cómo el Estado posterga su responsabilidad ambiental y social. El daño continúa, pero la reparación no llega.
Minería avanza en Tocoa, restauración ausente
“Estamos esperando algo que ya debería estar ocurriendo”, denuncia Juana Zúniga, defensora del territorio y coordinadora del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
Para ella, el decreto no es un símbolo político, sino una necesidad urgente para proteger la vida y el entorno.
Zúniga señala que las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek controlan el acceso a áreas claves dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras.
“No tenemos forma de verificar qué está pasando allá. Hay vigilancia privada que impide conocer la situación real del parque”, dice.
OACNUDH llama a aplicar el Decreto 18-2024
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) se sumó a la exigencia.
La entidad llamó al Estado a aplicar de forma inmediata el Decreto Legislativo 18-2024 y recordó la urgencia de proteger los recursos naturales y garantizar el derecho a un ambiente sano.
Pero más allá de Carlos Escaleras, Juana Zúniga dice que el decreto contempla todas las áreas protegidas concesionadas a la industria minera en el país.
“Esto no es solo de Tocoa. Hay muchas comunidades que también necesitan que se cumpla esta ley. No podemos permitir que se destruya el país sin consecuencias”.
Sociedad civil sin acceso a monitoreo de minería en Tocoa
Una de las mayores preocupaciones de las comunidades es la falta de transparencia. La vigilancia privada al servicio de las empresas extractivas impide el monitoreo ciudadano y bloquea cualquier intento de auditoría ambiental desde la sociedad civil.
“El Estado no actúa, y al mismo tiempo no nos dejan entrar. ¿Entonces quién controla lo que pasa?”, cuestiona Zúniga.
En ese escenario, la restauración queda en pausa indefinida, mientras el daño avanza con cada día de inacción.
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Juana Zúniga, defensora del territorio, pide no más excusas
“Este decreto debe cumplirse con medidas concretas, no puede ser solo un escrito más. Se necesita restaurar, proteger y garantizar la vida”, concluye Zúniga.
Las comunidades resisten, denuncian, esperan. Hoy, exigen que el Estado deje de postergar lo que prometió. Porque sin restauración, el daño ambiental no solo persiste: se profundiza.
