El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro prometió que su gobierno devolvería la paz, la justicia y la seguridad al pueblo hondureño.
El discurso fue contundente: combate a la extorsión, al narcotráfico, al lavado de activos y a la impunidad.
Habló de recuperar el control de los barrios, de devolver el sistema penitenciario al Estado y de romper con la herencia de violencia de los gobiernos anteriores.
Pero en la práctica, esas promesas no se tradujeron en una estrategia sostenida ni integral.
Sí hubo operativos, capturas y decomisos. Sí se aplicó mano dura con el estado de excepción. Pero la violencia no se fue, solo se transformó, según el análisis que hacen para tunota.com expertos en la materia, a cinco meses para las elecciones generales.
La paradoja de las cifras de seguridad en Honduras
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la tasa de homicidios en 2024 se redujo a 27 por cada 100 mil habitantes.
Es el nivel más bajo de la última década, y el gobierno lo celebra como un logro. Sin embargo, Honduras sigue teniendo la tasa más alta de Centroamérica y la tercera más alta de Latinoamérica.
“En el 2024, diez municipios presentan niveles elevados de violencia, mientras que 65 no registraron homicidios. A pesar de esas reducciones, la inseguridad sigue siendo una preocupación constante”, advierte Migdonia Ayestas, directora del Observatorio.
El crimen, explica, no desapareció, sino que mutó. Se volvió más selectivo, más localizado, más silencioso.
Mientras algunas zonas viven una aparente calma, otras están completamente tomadas por grupos criminales.
La extorsión: la plaga que se sigue expandiendo
Uno de los pilares del plan de seguridad fue el combate a la extorsión. En diciembre de 2022, el gobierno lanzó un estado de excepción con suspensión parcial de garantías constitucionales, aprobado en el marco del Plan Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos. La medida sigue vigente hasta hoy.
Aunque en 2024 las denuncias por extorsión disminuyeron un 32.1 %, según datos oficiales, la percepción social no concuerda.
La encuesta Le Vote reveló que el 11.6 % de la población se considera víctima directa de extorsión.
Los departamentos más afectados son Intibucá (18.2 %), Atlántida (15.8 %), Colón (15.2 %), Choluteca (14.8 %), Francisco Morazán (14.5 %) y Cortés (12.4 %).
Para Ayestas, la disminución de denuncias no necesariamente refleja un menor impacto, sino más bien un incremento en el miedo a denunciar.
Villanueva: “No se construyó una política de seguridad"
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, no oculta su descontento con la manera en que se gestionó la política de seguridad.
Asegura que el estado de excepción se volvió una herramienta para justificar operativos sin resultados concretos, mientras las estaciones policiales son presionadas a mostrar cifras, no soluciones.
“Ese estado de excepción sirve para justificar operaciones que no están del todo correctas. Hay más de 800 denuncias en Conadeh (Comisionado Nacional de Derechos Humanos) y una corrupción clara en las cúpulas policiales”, denunció a tunota.com.
Y agregó: “Se exige que cada estación policial cumpla metas de capturas o allanamientos sin tener personal investigativo, solo con preventivos. Se toman fotos, se reportan como ‘casos exitosos’ y se inflan las cifras sin resultados reales”.
Villanueva es enfática: el trabajo de la Policía no puede reducirse a cumplir cuotas de arrestos sin fundamento.
Esa lógica, dice, es la que lleva a criminalizar consumidores, capturar por posesión mínima de drogas y procesarlos como si fueran traficantes.
Madrid: “No hubo política integral" de seguridad en Honduras
El abogado y analista en seguridad, Kenneth Madrid, coincide en que el descenso de los homicidios no es mérito de la actual administración.
“Los homicidios comenzaron a descender desde 2013 con la entrada en vigor del mecanismo de extradición. Lo que redujo la violencia fue el desmantelamiento de carteles y estructuras grandes, no un plan nuevo del actual gobierno", señala.
También recuerda que las maras ya venían en transformación tras las operaciones Avalancha de 2016 y 2017.
La MS-13 bajó su perfil violento, se reestructuró, y en muchos casos dejó la violencia a manos de estructuras más pequeñas y pandillas rivales, como la 18.
“No hay una política integral, solo hubo un estado de excepción que ya fracasó. Muchas capturas, pocas judicializaciones, y casi ninguna condena".
El sistema penitenciario y policial en Honduras
Madrid también advierte que el sistema sancionatorio nunca se reformó. Las cárceles, durante años, las controlaron los mismos grupos que debían ser neutralizados.
Y aunque se habla de reordenamiento, los cambios estructurales apenas inician, señala el analista.
“Lo más grave fue no fortalecer la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía (Didadpol). Nunca se le dio independencia ni se creó su propio centro de confianza. Hoy no se aplican pruebas de confianza a los 26 mil agentes, solo a los nuevos ingresos y a quienes van a ascensos.”
“La Didadpol también se debilitó. Ya no actúa de oficio, solo por denuncias. Eso impide una depuración real. La impunidad interna está intacta", advierte.
Femicidios: una deuda profunda con las mujeres
Para los analistas, el gobierno quedó especialmente en deuda con las mujeres, cuyas denuncias por violencia aumentaron, mientras la respuesta institucional fue débil y fragmentada.
“No hubo inversión en investigación criminal ni en la prevención de femicidios. Todo se fue a la policía preventiva. No se reformó el Código Penal, no se fortaleció el sistema para atender a las víctimas. Esa es una deuda que duele", dice Kenneth Madrid.
De interés: Exclusión, amenazas y boicot: la denuncia de Julissa Villanueva
La seguridad que se prometió en campaña, no llegó
La seguridad no se mide solo en cifras de homicidios. Se mide en libertad para caminar, en negocios que no pagan extorsión, en madres que no entierran a sus hijas.
También, en instituciones que funcionan sin presiones políticas. Y eso, tres años después, no llega.
Para Ayestas, Villanueva y Madrid, el error no fue prometer. Fue no construir. No articular una política con prevención, investigación, judicialización y reparación.
Lo que se ofreció como refundación terminó siendo una medida extendida, un discurso forzado, y una oportunidad perdida.
