El abogado penalista Félix Ávila explica que el Ministerio Público tiene el poder de acusar a quienes participaron en la creación y aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) por el delito de traición a la patria.
Según Ávila, el delito se configura cuando se atenta contra los intereses fundamentales del país, y en este caso, las ZEDE violan la Constitución hondureña.
"El Ministerio Público podría formular acusación por traición a la patria. Sin embargo, hay muchas defensas posibles, ya que cada acusado puede argumentar diversas aristas legales, pero la acusación sigue siendo una opción viable", explicó Ávila.
Las ZEDE, aprobadas en 2013 durante el mandato de Porfirio Lobo, son tema de controversia desde su creación, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las declaró inconstitucionales por violar artículos pétreos de la Constitución.
¿Quiénes están en la mira?
Ávila señala que los principales implicados serían los diputados que participaron en la aprobación de las reformas constitucionales que permitieron la creación de las ZEDE.
"El problema es complejo", afirmó, "ya que involucra a quienes hicieron las leyes y a quienes las promovieron, desde legisladores hasta funcionarios de alto rango".
El excandidato presidencial Nelson Ávila fue más allá al señalar directamente a figuras clave del gobierno anterior.
"Los magistrados que apoyaron la resolución de las ZEDE también son traidores a la patria, al igual que los diputados y quienes impulsaron este proyecto, como Juan Orlando Hernández y su equipo de ministros", declaró.
La inconstitucionalidad de las ZEDE
En 2022, la CSJ declaró inconstitucionales los decretos que respaldaban la creación de las ZEDE.
El fallo apuntaba que las reformas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, aprobadas en 2012, y la Ley Orgánica de las ZEDE, de 2013, vulneraban los artículos fundamentales de la Carta Magna, invalidando así todo el proyecto.
Nelson Ávila: "Denuncié en 2014, pero la Fiscalía nunca actuó"
Nelson Ávila reveló que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en 2014, poco después de la aprobación de las ZEDE, pero nunca recibió una respuesta oficial.
"Lo denuncié desde el principio, pero las autoridades lo ignoraron. Ahora, años después, se está viendo el impacto devastador de estas decisiones en nuestra soberanía", dijo.
La controversia en torno a las ZEDE sigue escalando, mientras la sociedad hondureña exige justicia y rendición de cuentas por lo que muchos consideran una traición a los intereses del país.
