De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, a través de las redes sociales, entre los titulares de derecho también incluye en esta causa a la señora Aixa Hernández, pariente del exmandatario hondureño, entre otros.

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De igual forma, la CSJ detalló que la prórroga es por un periodo de 12 meses, y la misma se determinó en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio. 

El referido y extenso artículo 33 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito indica que: "En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público puede decretar, sin notificaciones, ni audiencias previas, medidas precautorias, cautelares 0 de aseguramiento de los mismos".

Además, que "transcurrido el término de doce (12) meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, éstas pueden ser revocadas".

También señala que "el término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente".

Caso de JOH

El exmandatario hondureño fue extraditado hacia Estados Unidos, el pasado 21 de abril de 2022 acusado por tres cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer metralletas y dispositivos destructivos. Un día después fue capturado.

Tras su detención, el MP a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), había presentado solicitud ante el Juzgado de Privación del Dominio, para el aseguramiento e incautación de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

El pasado 5 enero, el juez Kevin Castel autorizó la secretividad de medios de prueba relacionados al caso, solicitada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York con el consentimiento del imputado y su abogado.

Posteriormente, en una audiencia celebrada el 10 de enero el juez reprogramó el inicio del juicio para el 18 de septiembre del presente año, a petición de ambas partes.

'Tony' Hernández

En marzo de 2021 el juez estadounidense Kevin Castel declaró culpable a "Tony" Hernández, de 43 años,  por participar en la importación de 185 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos y fue condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico.

Posteriormente, en agosto de 2022 Estados Unidos solicitó la incautación de bienes del exdiputado hondureño, sobre quien además se impuso una multa de 138.5 millones de dólares.

En el documento que tiene fecha 26 de agosto de 2022, el Gobierno ha identificado los siguientes activos específicos en los que el acusado tiene un interés de propiedad confiscado en el momento de su arresto el 23 de noviembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida: 8 mil dólares, 111 mil lempiras hondureños y 90 pesos mexicanos.

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