¿Y usted cree que ese protocolo facultativo pervierte a la familia? Ese fue el debate central este martes en el programa Frente a Frente de Canal 5, donde diputadas, y defensores de la niñez discutieron y dieron su punto de vista.
El miércoles 21 de agosto se sometió a votación la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Al final las bancadas de los partidos Nacional y Liberal sumaron 65 votos en contra; la bancada oficialista y de otros partidos sumaron 41 a favor y cinco legisladores se abstuvieron de participar.
En el debate tuvo participación el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró que “este mecanismo crea un comité que tomaría algunas decisiones, como el tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, cambio de sexo para niños y niñas; el cambio de nombre de niño a niña y de niña a niño. Ustedes lo que quieren aprobar es la perversión de la familia".
Sin embargo, la aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, permitiría a menores de edad presentar denuncias cuando el Estado no garantice sus derechos.
Además, como regla de diplomacia internacional, el Protocolo no puede ir más allá de los derechos ofrecidos por el Estado participante. Es decir, si internamente no se reconoce el cambio de sexo o de nombres, el Protocolo tampoco puede garantizarlo.
Protocolo Facultativo: un mecanismo de denuncia internacional
Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), explicó cómo funcionaría el Protocolo.
"Los que van a ir ahí son las víctimas. Pueden ir ellos solos, pueden ir con sus papás, (..) o con sus representantes legales" a interponer las denuncias, explicó.
Agregó que, "esa denuncia no es contra el papá, ni la mamá, no, es contra el Estado, que no le pudo garantizar esos derechos a los niños. Cuando se les violenta esos derechos, las víctimas pueden hacer el proceso, acompañados o solos".
Sobre el funcionamiento del comité de la ONU, Ramos añadió: "Cuando se recibe una comunicación, una denuncia, el comité hace una investigación, de ahí hace las reuniones, de ahí trata de que el Estado y las víctimas lleguen a una conciliación".
Política y desconfianza en el Protocolo Facultativo
Por su parte, Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, señaló que la negativa del Congreso responde a un ambiente de violencia política.
"En el Congreso Nacional vivimos un ambiente de violencia política permanente, las mujeres especialmente. Tenemos un dictador al que denomino Luis XIV porque se cree la ley".
Espinoza detalló cómo la falta de debate adecuado afecta la toma de decisiones: "Yo vi el Protocolo Facultativo y en mi opinión, se lo voy a decir con sinceridad, hubiera aprobado el Protocolo Facultativo con ciertas reservas".
Dijo estar segura el presidente del Congreso, Luis Redondo, no le hubiera cedido la palabra para expresar sus reservas, "entonces mi voto iba a ser en contra".
Indicó que: "cuando a usted no le permiten aportar, cuando no le permiten hacer un debate de altura, la única opción que tiene es abstenerse o votar en contra".
Además, explicó que la percepción de "libertinaje" sobre los derechos de los menores ha generado argumentos extremos entre legisladores.
¿Qué opinan padres de familia?
Dania Muñoz, madre y defensora de los derechos de los niños, criticó la falta de atención histórica del Estado hacia la niñez en Honduras.
"Todos los gobiernos que hemos tenido no le han dado a la niñez la debida importancia y no han apoyado -como deberían- a las instituciones, fortaleciéndolas para que puedan cumplir con sus cometidos".
Muñoz insistió en que el Protocolo no sustituye al Estado, sino que refuerza la protección de los menores.
También explicó que el Protocolo Facultativo desarrolla y amplía derechos previstos en la Convención, que no fueron contemplados inicialmente. Además, permite que los menores denuncien cuando se les violan derechos.
Honduras queda al margen de un mecanismo internacional
El Protocolo Facultativo fue aprobado por Naciones Unidas en 2011 y entró en vigor en 2014, pero hasta la fecha solo 50 Estados lo han ratificado.
Con la votación del pasado miércoles, Honduras se mantiene fuera de este instrumento internacional que busca garantizar protección adicional a la niñez y adolescencia, y que ya es implementado por países de la región como Costa Rica y Chile.
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