El empresario del transporte Óscar Rivera, proveedor de servicios logísticos para el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, exigió este jueves el pago inmediato de 74 millones de lempiras por un contrato que, según afirma, fue ejecutado en su totalidad sin haber recibido anticipo alguno.

"Queremos que nos paguen lo que está en el contrato. Son 74 millones de lempiras. No recibimos ni un tan solo cinco por adelantado, y aún así asumimos la responsabilidad", aseveró Rivera.

El empresario aseguró que firmaron el contrato bajo el compromiso de que el pago sería acreditado a más tardar a finales de marzo, sin embargo, ya han pasado cuatro meses sin recibir respuesta.

Según explicó, la falta de pago ha generado una situación crítica para su empresa, que recurrió a líneas de crédito para poder cumplir con la prestación del servicio.

"Los bancos ya nos están llamando. Estamos bajo presión de nuestros propios proveedores", lamentó.

Rivera también informó que han presentado al menos dos escritos formales al CNE solicitando una respuesta, y en el segundo documento incluyeron un peritaje de cumplimiento como evidencia de que el contrato fue debidamente ejecutado. No obstante, hasta la fecha no han sido notificados oficialmente ni han recibido una resolución.

"Estamos preocupados a estas alturas. Una cosa es la parte legal, que respetamos, pero también hay un contrato firmado que debe cumplirse. Si no recibimos respuesta favorable en los próximos días, tomaremos acciones, posiblemente protestas, y protestas fuertes", advirtió.

El empresario reconoció que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público realizan investigaciones, pero insistió en que toda la documentación del servicio prestado está en manos del CNE. Por ello, pidió la intervención de esas instituciones para agilizar el pago.

Rivera también advirtió que si no se salda la deuda pendiente, no habrá disponibilidad de transporte para las elecciones generales.

"No quisiera pensar que se esté buscando un boicot, porque estamos hablando de transporte e imprentas, dos elementos fundamentales para el proceso electoral", concluyó.

Este nuevo reclamo se suma a la creciente lista de cuestionamientos hacia la gestión administrativa del CNE, en un contexto en el que se exige mayor transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos para garantizar la integridad de los procesos democráticos en el país.