Ante la reciente filtración y presentación pública de audios que involucran a actores electorales, diversos juristas han coincidido en que el proceso vulnera preceptos constitucionales fundamentales y es un claro ejemplo de la instrumentalización de la justicia.
El abogado Kenneth Madrid afirmó que los audios presentados son "prueba ilícita". Ya que una conversación entre particulares que no ha sido autorizada por juez competente no puede tener validez en un juicio penal.
"Es lamentable que con prueba ilícita se presione a la clase política por los medios, porque eso solo demuestra que estamos ante una desfiguración total del sistema penal", aseguró Madrid.
Violación a la Constitución y responsabilidad de funcionarios
La crítica legal se centra en la violación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. El abogado Oliver Erazo, citando el artículo 100 constitucional, recordó que "toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones", excepto bajo resolución judicial.
Erazo fue enfático al señalar que cualquier autoridad que actúe de manera inconstitucional, sin fundamento legal para tal violación, incurre en la sanción establecida en el artículo 321 de la Constitución.
Al ser consultado sobre la comisión de delitos afirmó: "Absolutamente, absolutamente, absolutamente. (El fiscal general) está cometiendo delito en este momento... Y un juez que se preste a esto está cometiendo delito. También es prueba ilícita, absolutamente ilícita".
De igual manera, el abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, lamentó profundamente que se esté "instrumentalizando la justicia en nuestro país".
Canales señaló que la ley que permite la restricción de comunicaciones fue creada para el combate del crimen organizado, pero hoy se está utilizando para "fines estrictamente políticos".
"Creo que se han vulnerado derechos y garantías establecidos de muchas personas que están ahí".
LE PUEDE INTERESAR: ¿Son auténticos los audios divulgados por el MP?: Esto revela experto
Antejuicio y el peligro de órdenes de captura
Los juristas también expresaron preocupación por la posibilidad de que se ejecuten órdenes de captura contra magistrados electorales y consejeros.
El abogado Madrid recordó que el Código Procesal Penal establece un antejuicio previo para los jueces electorales antes de que se les pueda presentar un requerimiento fiscal.
Esta figura legal es una "protección para los jueces" para evitar que sean procesados "al antojo de un ente de acusación criminal".
Canales coincidió en que los funcionarios protegidos no pueden ser "arrestados, llevados ante los tribunales sin agotar las instancias correspondientes".
Madrid advirtió que la emisión de una orden de captura contra personas que tienen un "fuero totalmente protegido" sería lamentable. Asimismo, aseguró que reflejaría un sistema con "rasgo de autoritarismo fuerte", donde se ignora el principio de legalidad.
LEA TAMBIÉN: 'Utilizaron inteligencia artificial': oposición rechaza audios y acusa montaje
¿Cuál es el objetivo político tras la filtración de los audios, según los abogados?
Respecto a la motivación detrás de la filtración y el uso del sistema penal, los expertos concluyeron que existe un claro objetivo político.
Erazo consideró que el uso de los operadores de justicia para sustentar requerimientos fiscales con pruebas ilícitas es una "tragicomedia".
Inventada para configurar una guerra de juicios (Lawfare, o lotf) con un único fin: "neutralizar a la oposición" y "desgastar la institucionalidad republicana del Estado de Honduras".
Canales interpretó la situación como una "planificación muy clara" para "desacreditar a la institucionalidad" en el marco de la crisis política y la cercanía de las elecciones.
Madrid, por su parte, sostuvo que si el MP procede, solo estará corroborando la tesis de que está siendo "monopolizado por una clase política", lo que implica que la institucionalidad en el país ya está disminuida.
"Envenenando el Proceso": Ruth Lafosse asegura que MP busca generar incertidumbre
La abogada Ruth Lafosse sostuvo que la difusión de los audios por parte del Fiscal General es un acto que busca "envenenar el proceso".
Al utilizar una prueba ilícita, se pretende generar en el proceso electoral un ambiente de incertidumbre y angustia en la población.
De acuerdo con Lafosse, el uso de estos mecanismos y la fuerza del poder para crear una "verdad falsa" tiene como objetivo final crear en la población un "miedo profundo".
Esto busca impedir que la ciudadanía vaya a ejercer su derecho al voto sin intimidación. La abogada enfatizó que lo criticable es que un fiscal general utilice este tipo de prueba ilícita con un interés o efectos de carácter ilícitos.
En su análisis de la situación, la abogada afirmó que la conferencia de prensa es una "evidente prueba de intimidación pública a toda la población".
El objetivo de esta intimidación es evitar que la población pueda tener confianza y depositar su voto con toda libertad el 30 de noviembre.
