El excomisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Danilo Orellana, advierte que las pruebas aportadas por figuras clave del narcotráfico, entre ellas el exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios y los hermanos Rivera Maradiaga, tienen en una situación crítica a la familia Zelaya.
Estos documentos y grabaciones ponen en jaque y evidencian la complicidad de altos políticos con redes criminales, subrayando la gravedad de la corrupción en las instituciones del país, aseveró.
Según Orellana, Los Cachiros, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, comenzaron a cooperar con la DEA en 2012, entregando pruebas contundentes que incluyen grabaciones y documentos de reuniones con políticos y funcionarios hondureños.
Con esa evidencia se muestra la profunda infiltración del narcotráfico en las esferas más altas del poder, lo que llevó a una serie de extradiciones y condenas, incluyendo la de un expresidente hondureño, exdiputados, exalcaldes y oficiales de la Policía.
Profunda penetración
Analistas como Mirna Flores y Nelson Castañeda señalan que la situación actual en Honduras es un reflejo de la profunda penetración del narcotráfico en el Estado.
La debilidad del sistema judicial y electoral en Honduras permitió la proliferación de financiamientos políticos irregulares.
Esta situación resucita viejos fantasmas, con la reaparición de las mismas tácticas y declaraciones que involucran a políticos financiados por el narcotráfico.
Mirna Flores subraya que el partido Libre enfrenta una crisis significativa, reflejo de la penetración del narcotráfico no solo en el Partido Nacional, sino en todos los partidos políticos del país.
"La eliminación de un auto acordado que favorece a la familia Zelaya y a personas señaladas en juicios de grandes capos de Honduras es un ejemplo claro de esta infiltración", señala Flores.
La mano del narcotráfico en el Estado
El director de seguridad de ASJ advierte que es extremadamente difícil erradicar la cooptación del narcotráfico dentro del Estado.
"Esto especialmente cuando representantes políticos y funcionarios de alto nivel reconocen abiertamente sus vínculos con el crimen organizado, incluso participando en reuniones sobre financiamiento de campañas", señala.
Además, surgen nombres que obligan a algunos funcionarios a renunciar a sus cargos en el gobierno.
"La estrategia del gobierno para eliminar el tratado de extradición está pasando factura. Probablemente no previeron que esto despertaría una fuerte reacción pública y un rechazo generalizado", comenta Flores.
Transparencia
Con las elecciones primarias y generales en el horizonte, el futuro de Honduras se presenta delicado.
"Libre tendrá que reconsiderar su decisión de terminar con el tratado de extradición y mostrar voluntad política para no favorecer a unos y perjudicar a otros, porque la gente está inconforme. La justicia parece alcanzar solo a los más vulnerables, mientras que los altos funcionarios son protegidos", concluye Flores.
El fortalecimiento de la transparencia en el próximo proceso electoral es crucial. Los expertos insisten en que no debe haber injerencia política y que los observadores deben tener un papel activo para garantizar elecciones transparentes en 2025.
"Las campañas no deben volver a mancharse con fondos del crimen organizado y la corrupción. Lo que está ocurriendo actualmente envía un mensaje claro a quienes buscan obtener o retener el poder de manera ilícita", subraya Castañeda.
Además, se requiere un Ministerio Público independiente, libre de injerencias, donde los fiscales puedan actuar sin temor a represalias.
"Es esencial que el fiscal general tome decisiones firmes para limpiar la imagen del Ministerio Público y recuperar la confianza de la población", concluye Castañeda.
