El Ministerio Público (MP) presentó durante la audiencia inicial las pruebas en su poder contra los acusados tres de formar parte de una supuesta estructura terrorista que supuestamente planeaba el asesinato del expresidente José Manuel Zelaya son limitadas y cuestionadas por algunos sectores.

La acusación se apoya principalmente en cinco audios y tres capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que, según el MP, los imputados discutían y planeaban el atentado.

El caso comenzó con una denuncia anónima que llegó a la Secretaría de Seguridad el pasado 1 de agosto. Esta denuncia fue crucial para el inicio de la investigación, ya que se presentó un sobre de manila color amarillo que contenía dos dispositivos electrónicos USB.

Estos dispositivos fueron entregados a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), quienes posteriormente realizaron las pericias necesarias.

A través de la revisión de los contenidos encontrados, se estableció que los acusados Arcadio Corrales, Perfecto Enamorado y Antonio Kattán mantenían conversaciones permanentes por WhatsApp, con el objetivo, según el Ministerio Público, de planificar un ataque en contra del coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre).

Más 'evidencia'

En estos chats, los tres hombres discutían, en términos bastante fuertes, su descontento con las políticas del gobierno actual. Según las conversaciones, mostraban una disposición para enfrentar a los colectivos de Libre durante una marcha, pero al mismo tiempo declaraban que no temían a posibles represalias.

Además, en los supuestos intercambios de mensajes se reflejaba una clara hostilidad hacia figuras políticas clave, principalmente hacia Zelaya, lo que fue tomado como una justificación para realizar actos violentos, e incluso, como se menciona en los audios, la eliminación de personas en situaciones conflictivas.

En uno de los audios que circuló entre los tres imputados, se menciona que están dispuestos a "defender la democracia hasta el final". A través de ese tono, se interpretó que los acusados buscaban restaurar lo que consideraban un colapso institucional, al referirse a las recientes decisiones del gobierno que, en su juicio, estaban llevando al país al desastre.

Uno de los puntos más controversiales fue el "tono violento" utilizado en los chats y audios, lo cual llevó a la Fiscalía a interpretar que existía un plan en marcha para "generar terror y miedo" dentro de la población hondureña.

El discurso en estos mensajes insinuaba que los acusados estaban listos para llevar a cabo una acción letal en el marco de una movilización o marcha, en la que Zelaya o figuras cercanas a él serían objetivos potenciales.

El origen del requerimiento fiscal

Esta conspiración para asesinar y generar un ambiente de violencia fue uno de los pilares sobre los cuales se construyó el requerimiento fiscal presentado por el MP.

El Ministerio Público acusó a Corrales, Enamorado y Kattán de actos preparatorios punibles y asociación terrorista, argumentando que habían conspirado y realizado proposiciones entre ellos para llevar a cabo un acto criminal que atentaría contra la integridad física de figuras del gobierno, especialmente José Manuel Zelaya.

Además, los fiscales señalaron que los imputados fueron responsables de intentar ejecutar actividades ilícitas que afectaban gravemente el orden público, y que su plan estaba orientado a destruir el estado de derecho en el país. Específicamente, se aludió a sus conversaciones sobre posibles muertes de personas que participarían en las manifestaciones.

A pesar de la presentación de estos elementos, muchos críticos del caso cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas hasta el momento, ya que las conversaciones encontradas no revelan necesariamente un plan concreto y definido de asesinato, sino más bien un intercambio de opiniones extremas.

Esto ha llevado a que algunos sectores de la sociedad y figuras políticas pidan más detalles sobre las pruebas y el proceso judicial en curso.