A plena luz del día, a Josué Armando Andino Gutiérrez lo interceptaron. Junto a otro joven esperó el autobús frente al centro penal de Támara cuando, sin previo aviso, un bus de la ruta Ciudad España–Mercado se detuvo frente a ellos según las pruebas que presentará la Fiscalía en el juicio.

No fue coincidencia. Del vehículo descendieron tres personas armadas: Josué David Andino Zavala, Luis Fernando Osorto Sierra y Katy Marisol Osorto Ortiz, presuntos integrantes de la Pandilla 18.

Bajo amenaza refiere la Fiscalía, los obligaron a abordar el autobús. El destino ya no era el que trazaron.

Secuestro, amenaza y ejecución

El recorrido terminó en la entrada de la colonia Hábitat, en el Valle de Amarateca. Allí los bajaron y los trasladaron en mototaxis hasta una casa que controla la estructura criminal.

Adentro, el ambiente era de muerte: amenazas, armas y una decisión tomada. Josué, intentó escapar de su destino, corrió. Pero lo alcanzaron.

Los atacantes lo golpearon en la cabeza con piedras hasta que le quitaron la vida. Mientras tanto, dos personas cavaron una fosa en un terreno cercano.

Su cuerpo lo enterraron allí mismo, a escasos 300 metros de la colonia. Al otro joven, testigo de los hechos, lo mantuvieron privado de libertad por horas… y luego lo dejaron libre.

Pruebas que hablan

La investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, a través de la sección especializada en muertes de personas pertenecientes a grupos vulnerables, reconstruyó paso a paso lo que ocurrió el 15 de marzo de 2025.

La exhumación del cuerpo se realizó el 17 de marzo, en el lugar exacto donde el testigo indicó que lo enterraron.

Este testimonio, junto con otras evidencias técnicas, fue suficiente para que se admitiera la totalidad de pruebas contra los tres acusados.

El Ministerio Público los acusó formalmente por asesinato, privación ilegal de la libertad y asociación para delinquir.

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A juicio con todas las cartas sobre la mesa

Josué David Andino Zavala, Luis Fernando Osorto Sierra y Katy Marisol Osorto Ortiz deberán enfrentar juicio oral y público el próximo 13 de febrero de 2026.

La admisión completa de las pruebas fortalece la acusación del Ministerio Público, que espera una sentencia ejemplar.

Quisieron desaparecerlo en silencio, borrarlo de la historia bajo una capa de tierra. Pero la justicia, con pruebas sólidas y la voz de un testigo sobreviviente, trajo el crimen a la superficie.

La brutalidad no quedó en la sombra, y ahora se enfrentan a un juicio que podría marcar un antes y un después.