La controversia en torno a este tema surge debido al artículo 21 de la normativa, el cual establece que se requiere una mayoría calificada para su reforma o derogación. Esta mayoría se define como dos terceras partes de la totalidad de los diputados, lo que equivale a 86 votos favorables de los 128 disponibles.

No obstante, durante el debate sobre la derogación, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, argumentó que la mayoría calificada hace referencia a la cantidad de diputados presentes en el hemiciclo al momento de la votación. En consecuencia, los 82 votos obtenidos con la presencia de 112 congresistas fueron considerados suficientes. La derogación se publicó el pasado 5 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta, formalizando su estatus como ley.

Reacciones

Frente a esta situación, el abogado constitucionalista Oliver Erazo opinó que, al no lograr los 86 votos requeridos, existe un vicio de inconstitucionalidad. En su perspectiva, la dirección del Legislativo debería haber asegurado el apoyo de los diputados restantes para evitar esta problemática.

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"Ahora vendrán las acciones de inconstitucionalidad por las razones de forma. Volvemos nuevamente a encontrarnos con las diferentes tesis interpretativas, si lee la normativa de dónde nace, de dónde se origina, eso no está derogado", expresó durante el programa Frente a Frente de Canal 5.

Desde su punto de vista, Erazo sostiene que tanto el Fondo Departamental como las diferentes subvenciones otorgadas por el Congreso Nacional a los diputados siguen en vigor, ya que el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Legislativo, que las establece, no ha sido derogado.

En contraste, Adán Tomé, exfiscal para la defensa de la Constitución, indicó que la "restricción" impuesta en la Ley era ilegal, ya que se incorporó a la norma original a través de una reconsideración del acta, después de que se aprobara que sus reformas o derogaciones requerirían una mayoría simple (65 votos).

"Es inexistente la mayoría calificada, es mayoría simple porque así lo decía la Ley Orgánica del Poder Legislativo", manifestó. En este contexto, subrayó que la derogación del decreto 116-2019 no adolece de ilegalidad.

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