El Congreso Nacional aprobó el Decreto 198-2026, conocido como la Ley de Justicia Energética Aplicada al Consumidor.
La norma congela la tarifa eléctrica aplicada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante un periodo inicial de seis meses, con opción a prórroga.
Esta medida modifica la Ley General de la Industria Eléctrica para sanear las finanzas del sector y frenar las pérdidas técnicas.
Además, busca reorganizar la generación, transmisión y distribución para asegurar un suministro estable y accesible.
La legislación también fortalece la independencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y otorga autonomía técnica al Operador del Sistema y del Mercado (OSM), garantizando mayor transparencia en la fijación de tarifas.
Reorganización de la ENEE en tres empresas subsidiarias
La ley ordena la escisión contable y operativa de la ENEE, manteniendo la titularidad 100% pública. Se creará una empresa matriz que administrará tres filiales: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución.
Cada subsidiaria iniciará operaciones con un capital social de 150 millones de lempiras aportados por la ENEE Matriz.
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Esta estructura optimizará la administración de los recursos sin recurrir a la privatización de los bienes estatales.
La infraestructura estratégica, incluyendo represas hidroeléctricas, redes de transmisión y subestaciones, seguirá bajo propiedad inalienable del Estado.
Las nuevas empresas operarán estos activos mediante convenios de administración.
Nuevas facultades para el OSM y blindaje a la CREE
El Operador del Sistema y del Mercado (OSM) se constituye como una entidad técnica sin fines de lucro, ajena a la Administración Pública.
Su función será coordinar el despacho de energía en el Sistema Interconectado Nacional al menor costo posible.
Por su parte, la CREE mantendrá su rol regulador independiente. Su presupuesto se financiará con un cobro del 0.25% sobre la facturación mensual del sector, quedando exenta de recortes fiscales por parte del Poder Ejecutivo.
Incentivos al almacenamiento, autoconsumo e integración regional
El marco regulatorio incorpora los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) y las centrales híbridas. Se reconoce la inyección de energía mediante baterías para equilibrar la red ante la variabilidad renovable.
Asimismo, la normativa protege el derecho de los usuarios a la generación distribuida y el autoconsumo solar, permitiendo vender excedentes a la red bajo criterios de la CREE.
Todo el esquema se coordina con el Mercado Eléctrico Regional (MER), priorizando el consumo nacional.
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