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En Honduras, el sustento de los hijos no es una opción, sino un derecho fundamental protegido por la ley. Cuando un progenitor se niega a pagar, incurre en una falta grave.
Muchos padres creen que el incumplimiento se mide en meses o semestres, pero la realidad legal es distinta. El primer mes de impago ya permite a la madre o padre demandar.
"Desde el primer mes que no hay un pago de la persona, ya es incumplimiento", explica el abogado Axel Alberto Villars mediante una entrevista.
La legislación nacional del país utiliza los Juzgados de Familia y el Ministerio Público para garantizar el bienestar del menor. Ignorar esta responsabilidad conlleva desde embargos hasta penas de cárcel en centros penales.
El proceso legal
El primer paso es presentar una demanda ante los Juzgados de Familia o de Letras. En Tegucigalpa, este proceso se centraliza en el Juzgado de Familia, a diferencia de otros sectores del país donde no se encuentran estas instituciones especializadas.
También hay casos de ciudadanos que operan bajo acuerdos de palabra, pero estos también pueden reclamarse judicialmente. Si existen comprobantes de pagos previos, el juez puede exigir el abono de los meses atrasados.
"Si usted tiene guardadas las capturas de pantalla o recibos, puede reclamar esos meses porque tiene evidencia sólida", afirma Villars. La documentación es la base para ganar cualquier proceso de alimentos.
Para iniciar, es indispensable presentar la partida de nacimiento del menor y una "minuta de gastos". En ella se detallan costos de alquiler, alimentación, escuela y otras necesidades básicas.
Lea también: ¿Cómo poner una denuncia por pensión alimenticia en Honduras?: guía paso a paso
Medidas de presión: Embargos y el registro REDAM
Si el deudor persiste en el impago, el juez puede ordenar el embargo del salario. Según la ley hondureña, se puede retener hasta el 50% del sueldo mensual del responsable.
También existen otras medidas como el embargo de cuentas bancarias y el secuestro de bienes. El objetivo es asegurar que el dinero llegue directamente a la cuenta del menor beneficiado.
Una herramienta vital es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), creado recientemente en 2024. Este mecanismo se activa tras tres meses consecutivos o cinco alternos de falta de depósitos.
"Las consecuencias pueden ser el impedimento de salida del país o la prohibición de préstamos", advierte Villars. Estar en este registro impide incluso renovar la licencia de conducir en Honduras.
El mito del desempleo y la responsabilidad de los abuelos
Una de las excusas más comunes es alegar la falta de empleo para evitar el pago. Sin embargo, la ley hondureña establece que la obligación alimentaria no se extingue por desempleo.
"No se puede extinguir la obligación de pago porque no tenga trabajo; el juez puede fijar una pensión mínima", aclara el abogado Villars. La justicia lleva a cabo estudios socioeconómicos para determinar la capacidad real del deudor.
Incluso si el padre o madre se declara insolvente, la ley busca alternativas para el menor. En estos casos, surge la obligación subsidiaria de los abuelos, quienes podrían ser demandados.
Los abuelos paternos o maternos pueden ser obligados a responder siempre que tengan capacidad económica. Es una medida extrema, pero legalmente válida en Honduras para proteger la supervivencia del niño.
Vía penal: El riesgo de cárcel por "mala fe" y desobediencia
Cuando el incumplimiento es reiterado e intencional, el caso pasa del ámbito civil al penal. En esta instancia, el Ministerio Público interviene para acusar al deudor por delitos específicos.
El Artículo 288 del Código Penal sanciona el incumplimiento del deber de asistencia y sustento. Este castiga a quienes ponen en riesgo la vida del menor al negarle sus alimentos básicos.
Asimismo, el Artículo 572 tipifica el delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. Quien ignore una sentencia de pensión firme puede enfrentar penas de seis meses a dos años.
"Si el juez ve una situación de mala fe, le puede aplicar hasta dos años", señala Villars. Esto ocurre si el deudor oculta bienes o renuncia a su trabajo maliciosamente.
Recursos gratuitos y consejos para actuar de inmediato
No es obligatorio contratar un abogado privado para exigir este derecho en territorio hondureño. Existen instituciones que brindan asesoría legal gratuita para personas de escasos recursos o en vulnerabilidad.
La Defensa Pública, ubicada cerca de Chiminike en la capital, ofrece asistencia legal sin costo. También están disponibles los consultorios jurídicos de la UNAH, la UTH y otras universidades nacionales.
El consejo final del experto Axel Villars es vencer el miedo a las represalias. Lo más importante es el bienestar de los hijos y documentar cada irregularidad de forma rápida.
"Lo más recomendable es documentar todo y actuar rápido", concluye el abogado consultado por este medio. La protección de la niñez hondureña debe prevalecer sobre cualquier conflicto entre adultos.
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