AK-47, M16 y AR-15. El problema no sería únicamente cuántas armas circulan en Honduras, sino en manos de quién están y en qué territorios terminan disparándose.
Sobre esa realidad, el criminólogo Gonzalo Sánchez plantea una fórmula para enfrentar los focos de violencia: sacar de circulación las armas ilegales.
Además propone concentrar el estado de excepción únicamente en los municipios y departamentos donde los homicidios, asesinatos y muertes violentas de mujeres presentan mayor incidencia.
La propuesta no parte de desarmar indiscriminadamente a la población. Sánchez marca una frontera entre el ciudadano que posee legalmente un arma para su defensa y el armamento que circula fuera de los registros y termina en manos de estructuras criminales.
Es allí donde, a su juicio, debería caer el peso de los operativos.
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Desarme donde golpea la violencia
“Totalmente de acuerdo que se debe desarmar aquellos municipios o departamentos donde hay más incidencia de homicidios, de asesinatos, muertes de mujeres incluso”, sostuvo Sánchez.
Pero inmediatamente puso el dedo sobre una dificultad: buena parte del poder de fuego utilizado por los criminales no está dentro de la legalidad.
“El problema de esto es que las armas que circulan son armas ilegales”, advirtió.
Ese detalle cambia el alcance de un eventual desarme. No bastaría con revisar permisos o establecer nuevas restricciones para quienes poseen armas registradas; la operación tendría que localizar y decomisar aquellas que se mueven clandestinamente y que pueden estar en poder de estructuras delictivas.
Sánchez mencionó específicamente fusiles AK-47, M16 y AR-15 entre el armamento de alto poder que circula ilegalmente y que, según su planteamiento, debe ser sacado de las calles.
No poner a toda Honduras bajo la misma medida
La segunda parte de la fórmula es el estado de excepción, pero con una diferencia: Sánchez propone utilizarlo como una herramienta focalizada y no como una medida que proyecte la idea de que todo el territorio hondureño necesita permanecer bajo condiciones excepcionales.
“Para no crear aquella falsa percepción de que Honduras está en un estado de excepción, no, focalizarlo en aquellos lugares estrictamente donde se han disparado los niveles de criminalidad, acompañado también del desarme”, manifestó.
La propuesta supone mirar el mapa de la violencia antes de desplegar la medida: identificar dónde se concentran los asesinatos y otros hechos criminales y dirigir allí los controles y operativos.
De esa manera, municipios con menor incidencia no quedarían bajo la misma estrategia que aquellos territorios donde las muertes violentas presentan una mayor concentración.
El verdadero objetivo serían las armas ilegales
El desarme planteado por Sánchez tampoco coloca en la misma categoría todas las armas que existen en el país.
Una cosa, explicó, son aquellas registradas legalmente y adquiridas por ciudadanos para protección personal; otra muy distinta es el armamento utilizado por grupos criminales, que generalmente circula de manera ilegal.
Y es precisamente sobre ese segundo mercado donde estaría el desafío.
Porque quitar las armas donde corren más balas significaría algo más complejo que establecer una prohibición: encontrar el poder de fuego que opera fuera de los registros, decomisarlo y concentrar la presión de seguridad en los territorios donde las armas ilegales están dejando muertos.
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