El juez de Letras de lo Civil, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, acusado de prevaricato judicial en perjuicio de la administración pública, fue capturado en las últimas horas por su presunta implicación en resoluciones que provocaron millonarios embargos contra el Estado de Honduras.
Gradiz Vilorio, quien actualmente estaba asignado al Juzgado del Inquilinato tras ser trasladado desde los Juzgados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, habría dictado resoluciones vinculadas a arbitrajes que terminaron con condenas multimillonarias contra el Estado hondureño.
A Gradiz lo investigan desde 2023 por dos resoluciones que le costaron miles de millones de lempiras al Estado de Honduras.
Resoluciones en contra del Estado
Según las investigaciones, los hechos están relacionados con resoluciones arbitrales emitidas por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), en las cuales el juez habría actuado de forma irregular al validar decisiones que derivaron en un perjuicio superior a los 157 millones de dólares, es decir, más de 3,500 millones de lempiras.
Uno de los casos más relevantes data del 7 de septiembre de 2009, cuando una resolución arbitral favoreció a una empresa en una disputa con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), condenando al Estado al pago de 51 millones de dólares, equivalentes a más de mil millones de lempiras.
El segundo caso ocurrió el 30 de noviembre de 2022, cuando se ordenó el embargo de fondos depositados en una cuenta del Banco Central de Honduras (BCH), afectando directamente a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas). El monto del embargo fue de 106 millones de dólares, es decir, casi 3,000 millones de lempiras.
El juez Gradiz Vilorio habría tenido un rol clave al permitir la ejecución de estas resoluciones arbitrales sin seguir los procedimientos establecidos en la ley, situación que ha encendido las alarmas por el impacto fiscal de estos fallos judiciales.
El Ministerio Público aseguró que continuará investigando posibles redes de corrupción dentro del sistema judicial que podrían estar operando en colusión con empresas privadas para obtener beneficios millonarios a costa del erario público.
