La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), presentó el primer informe de veeduría sobre el proceso de elección de fiscal general y adjunto 2023-2028.

En él señalaron varios hallazgos y aspectos positivos del proceso. Primero señalan que la Junta Proponente (JP), no publicó dos resoluciones de exclusión de candidatos en el proceso.

Tampoco firmó y elaboró cartas de compromiso ético de los miembros integrantes de la JP.

Señalan que no se publicaron las razones o motivaciones que llevaron a los miembros de la JP a no firmar estas cartas de compromiso.

"Esto abre la puerta a que la sociedad, la ciudadanía, tenga especulaciones respecto al compromiso, ética y moral con la cual actuaron cada uno de estos miembros", dice Alejandra Fuentes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Un punto que destacaron en el informe es que, a 50 días de finalizado el proceso de selección la JP, aún no entrega el informe final.

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Lo positivo

Elvin Martínez de la Asociación para el Desarrollo Ideas, explicó que fue positiva la publicación de las hojas de vida de cada postulante, así como la transmisión en vivo de las audiencias públicas.

"Se hizo un buen uso de la publicidad del proceso, utilizando las redes sociales" explica Martínez.

El análisis del proceso lo hicieron en cuatro categorías: Publicidad y Propaganda, Meritocracia, Igualdad y no Discriminación y Participación Ciudadana.

"En el área de meritocracia, la matriz de evaluación debe responder a los requisitos y requerimientos solicitados en el perfil ideal de los candidatos a los dos cargos", señala.

Pese a que en igualdad y no discriminación, no se encontró evidencia de ninguna práctica discriminatoria, sugieren que los encargados deben ir más allá que solo evitar la discriminación, sino fomentar la mayor participación de profesionales de grupos vulnerables.

La participación ciudadana, fue evaluada positivamente porque la JP permitió observadores nacionales e internacionales, medios y ciudadanía.

Conclusiones

Alejandra Fuentes recalcó que hubo omisiones en la publicación de ciertos documentos por la JP, especialmente el informe final.

"El informe final fue una obligación que los mismos miembros de la JP interpusieron en el reglamento, específicamente en el artículo 23. Ellos deben de publicar este informe", dijo Fuentes.

Para la RDD, es necesario que la JP explique la situación que llevó a cada uno de los miembros a decidir la escogencia de los cinco candidatos que fueron remitidos al Congreso Nacional.

"Tampoco se publicó el destino de los fondos que no fueron utilizados por parte de la JP, en cuanto a su presupuesto", señala.

La representante de la RDD dice que en la parte de meritocracia y capacidad, los documentos elaborados por la JP deben de contar con la medición de todas las capacidades y las aptitudes necesarias para el cargo al que se postulan.

Sugirieron para próximos proceos que la matriz de evaluación no solo contenga un ítem, sino que es necesario que hayan más ítems respecto al tema gerencial.

Si reconocen que este proceso presentó avances significativos que deben ser tomados en cuenta para futuros procesos.

Piden que el Congreso elija ya

La RDD a través de Sofia Ochoa, de Democracia en Acción, llamó al Congreso Nacional para que elijan ya al fiscal general y adjunto.

"Nos importa a todos porque nos afecta a todos. La justicia debe impartirse de forma igualitaria, sin nexos políicos", dijo.

Por eso ahora dijo que los diputados tienen la obligación constitucional de elegir una persona idónea, con méritos y capacidad paara liderar el Ministerio Público.

Desde el 26 de mayo de 2023, se nombró a los representantes de diferentes entidades que conformaron la Junta Proponente.

Este organismo estuvo integrado por: Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Blanca Izaguirre del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

También Wagner Vallecillo, del pleno de magistrados de la CSJ; Alejandro Hernández (QDDG), prosecretario nacional del Colegio de Abogados de Honduras.

Otros integrantes fueron: Odir Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Julio Raudales, de las universidades privadas y José Ramón Ávila; de la sociedad civil.

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